El subdelegado del Gobierno en Teruel, José Ramón Morro, defendió ayer la necesidad de aumentar el número de efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la provincia, en función del «criterio de índice de despoblación en relación con la extensión del territorio» a la hora de diseñar las plantillas.

Morro desglosó las gestiones realizadas para defender esta reivindicación, que supondría aumentar la plantilla de agentes de la provincia de Teruel, teniendo en cuenta además que de las 236 localidades «solamente cuatro disponen de policía local».

Esta es una de las cuestiones que puso de relieve el subdelegado en el balance que realizó de los ocho meses de gestión, en los que ha tenido siempre «las puertas abiertas» de la subdelegación, afirmó, ofreciendo «atención inmediata» a quienes lo han solicitado.

Además, destacó la labor de «consenso y coordinación» en actuaciones como las juntas de seguridad de grandes eventos, como por ejemplo las Bodas de Isabel o el Gran Premio de Aragón en Motorland, o la educación en la prevención en programas como el Plan Director en Centros Escolares.

De este último, subrayó que el curso pasado se realizaron 468 actividades, entre Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policía y Unidad de violencia, a las que asistieron 15.682 personas pertenecientes al alumnado, AMPAS y comunidad educativa.

Como novedad, este curso se ha planteado por primera vez un sistema de evaluación del programa, tanto sobre el impacto de las actividades en los intereses de alumnos, padres, profesores, ponentes y los centros escolares, como del nivel de consecución de los objetivos.

También habló de las gestiones para avanzar en la tramitación de distintos proyectos de infraestructuras para la provincia y la agilización de los expedientes de extranjería. «Aquí la inmigración, en tierra despoblada, no es un problema sino una oportunidad de desarrollo», recalcó el subdelegado.

Eso sí, al respecto, matizó: «Siempre y cuando lo hagamos de forma ordenada»; atendiendo, añadió, a «la demanda del tejido empresarial» y las necesidades de «sectores no cubiertos por los trabajadores locales», como pueden ser el pastoreo, la restauración, la construcción y la atención a las personas mayores.

Dentro de las movilizaciones realizadas en la provincia en este tiempo, señaló que se han autorizado 45 peticiones, y no se ha rechazado ninguna. Sobre esta materia, incidió especialmente en la negociación para la desconvocatoria de la reivindicación de Greenpeace en Andorra sobre la minería.

El subdelegado detalló otras cuestiones también como la gestión de la ayuda alimentaria a través del Banco de Alimentos, o en tramitaciones por las afecciones en fenómenos meteorológicos, entre otros asuntos. Así, se repartieron 207.825,28 kilos de comida entre la Cruz Roja y el Banco. En total, fueron 2.333 los beneficiarios del plan de ayuda alimentaria a los más desfavorecidos. Al respecto, cabe destacar que en el plan anterior del 2017 fueron 3.231, es decir, se ha reducido en casi 1.000 personas el número de solicitantes.

En cuanto a la tramitación de ayudas por fenómenos meteorológicos adversos, como fueron las tormentas de otoño pasado, se han tramitado 111 expedientes para infraestructuras municipales y caminos rurales, con una valoración de daños de 6.077.550 euros.