Cualquier religioso que es elegido albacea de una herencia está en la obligación de comunicarlo al obispado de cualquier diócesis española. Sin embargo, mosén Florencio, investigado por descapitalizar las cuentas parroquiales por atender a una supuesta extorsión sexual, no lo hizo.
Así lo reconoció ante la jueza instructora el obispo de Tarazona, Eusebio Hernández, quien fue llamado por segunda vez para responder a sus preguntas. En la primera ocasión, se limitó afirmar que la Iglesia turiasonense no se siente perjudicada por la presunta apropiación indebida de 185.000 euros y que Garcés es inocente. También anunció una investigación interna, que nada se sabe de ella.
Este es el último movimiento de la magistrada Nieves Pérez, tras recibir un informe de la Guardia Civil en el que se señala que retuvo un 10% del reparto de una herencia de 601.012,10 euros procedente de la venta de un inmueble en la localidad de Borja.
Concretamente, tal y como publicó EL PERIÓDICO, dejaron de ingresar 12.000 euros el seminario mayor de la Diócesis de Tarazona, otros 6.000 euros las religiosas concepcionistas de Borja y otros 6.000 las clarisas. En un primer momento hubo un movimiento de similares características con respecto a la Fundación Benéfica Hospital Sancti Spiritus --administra el Ecce Homo--, si bien los 12.000 euros que les retuvieron en un primer momento fueron satisfechos meses después. Sí cumplieron lo pactado con respecto a la parroquia que dirigía el propio Florencio; así como con otras asociaciones como Cáritas.
NADA PENDIENTE
El obispo turiasonense señaló que ha preguntado al ecónonomo y a los rectores de los diferentes conventos y que le han dicho todos ellos que "no queda nada pendiente del testamento o posible donación, que no hay nada pendiente de cobrar".
También resaltó que la abadesa sería la legal representante a efectos jurídicos y representativos del convento. De hecho, puso el ejemplo de que en una venta de cantidad considerable como un millón y medio de euros por la venta de un edificio, "tiene que pasar a él la notificación y él a su vez le tiene que hacer llegar al Vaticano la documentación obrante, las tasaciones y los compradores".
Entonces, la Conferencia Episcopal Española hace propuesta a la determinada congregación y la Santa Sede es la que fija la cantidad, dependiendo de cada país y su nivel económico.
La jueza le ha preguntado qué pasaría en cantidades inferiores, señalando Hernández que no recuerda a partir de qué cantidad pero que "si fueran 300.000 euros él lo tendría que saber".
El juzgado instructor todavía está pendiente de recibir la respuesta del Papa a la misiva en la que le presentaba este asunto y le preguntaba si pretende actuar como acusación.
