La Junta General de Accionistas de Motorland aprobó ayer cambios que tendrán su principal reflejo en la estructura del capital de la sociedad, de forma que la Diputación Provincial de Teruel (DPT) y el Ayuntamiento de Alcañiz verán reducida su participación al 6,56% frente al 8,47% que ostentaban hasta ahora. El resto estará en manos de la Corporación Empresarial Pública de Aragón (CEPA), cuyo capital en Motorland alcanza ya el 86,87%, según apuntaron ayer fuentes del Gobierno de Aragón. No obstante, eso no restará representación a las dos primeras instituciones en la sociedad, puntualizaron.
La operación acordeón (como así se denomina) fue aprobada por unanimidad y consiste en poner en marcha un mecanismo que permite sanear las cuentas y hacer frente a los déficits que arrastra Motorland. De hecho, las pérdidas anuales de la sociedad rondan una media de 8 millones de euros cada año a partir del 2010 a 2017. Las pérdidas en ese periodo totalizan más de 50 millones de euros. La sociedad no ha conseguido obtener beneficios ningún año desde su creación.
Pese a ello, desde el Gobierno de Aragón se insiste cada año en que el mantenimiento de Motorland y la celebración de un gran premio de Moto GP suponen un activo de interés autonómico que proporciona beneficios económicos a la zona, así como al tejido social y territorial de la provincia de Teruel.
17 AMPLIACIÓN DE CAPITAL
Esta maniobra, que se traduce en una nueva ampliación de capital (la número 17 desde la puesta en marcha de Motorland) es una operación ordinaria dentro de la gestión mercantil de una sociedad. El capital tras la operación será muy similar al que había hasta el momento (35,6 millones y 35,5 tras la operación).
El Ayuntamiento de Alcañiz y la DPT han rechazado su derecho preferente de suscripción sobre la ampliación a ejecutar, a través de los representantes en los que han delegado y en base a los acuerdos tomados por cada una de estas administraciones, según acreditaron ayer.
El movimiento de la junta de Motorland era obligatorio después de que Intervención de la DGA señalara que los 8 millones de euros con los que se paga dicha deuda, a través del Fondos de Inversiones de Teruel (aportados por el Estado) no podrían ser gestionados por la DPT ni el ayuntamiento alcañizano, sino directamente por el Ejecutivo.
