El futuro de Motorland es hoy una incógnita. La situación que atraviesa uno de los proyectos más relevantes del Ejecutivo aragonés, ahora en manos del presidente Javier Lambán, es frágil por el importante volumen de recursos que necesita para sobrevivir. Las pérdidas anuales rondan los 8 millones de euros y ahora requiere de una ampliación de capital que superará los 8 millones de euros y que podría acabar costeándola en solitario, por primera vez, la DGA. La sociedad afrontaría la número 18 en el escaso margen de once años (se inauguró en el 2009), con más de 110 millones de euros inyectados de fondos públicos en los últimos siete para mantenerla a flote y con la complicación añadida de no poder cubrir las pérdidas millonarias con cargo al Fondo de Inversiones de Teruel (Fite), ya que la Cámara de Cuentas ya advirtió en el 2020 que esta práctica con el dinero procedente del Gobierno central para toda la provincia era irregular. Aunque en este 2021 se volverá a echar mano de él.
Dicho de otra forma, en once años de vida ha sido necesario que los socios de Motorland -el Gobierno de Aragón con el 87% del accionariado, la Diputación Provincial de Teruel y el Ayuntamiento de Alcañiz, con el 6,5% cada uno —aportasen una cantidad ingente de dinero a la causa para que el mundial de motociclismo siga contando con el Bajo Aragón. La última ampliación se produjo en el 2019 con 8,39 millones de euros. Ese mismo año, al cierre del ejercicio, había pendientes de pago 4 millones de euros a acreedores comerciales. Y nadie se imaginaba entonces un 2020 con una pandemia del coronavirus que conllevaría la imposibilidad de llenar las gradas y, con ello, una caída importante de los ingresos.
EL EFECTO DEL COVID
Hasta la llegada del covid se había podido salvar la situación a duras penas, al menos en parte, gracias a los ingresos de la actividad, básicamente sustentada en los grandes premios de Moto GP y el alquiler de las instalaciones. Pero la llegada de la pandemia ha dejado al circuito aragonés sin público, algo que también se refleja en las cuentas del pasado ejercicio. Motorland solo ingresó 3,9 millones en el 2020 frente a los 7,1 millones del año anterior, es decir, un 45% menos. Solo la venta de entradas cayó un 74%. Además, la ocupación de pistas ha sido de 173 días, un 22% menor al dato del año anterior, 223, y el circuito cerró en el 2020 durante dos meses y medio. En este escenario, los gastos también cayeron pero en mucha menor medida, un 15%, pasando de los 6,5 millones a 5,5 millones.
Uno de los grandes salvavidas del proyecto había sido el Fite, que ha permitido sanear la deuda de la sociedad en los últimos años. Por ejemplo, en el ejercicio 2020 Motorland ingresó 9,5 millones de euros por esta vía. Y aunque la Cámara de Cuentas ya ha avisado de que no se podrán cubrir pérdidas con esos fondos, lo cierto es que la memoria que acompaña al presupuesto de este año del Gobierno de Aragón sí incluye una cuantía de 8 millones de euros con cargo a este para sufragar, precisamente, la ampliación de capital que se está preparando afrontar. Junto a ellos, otros 2,5 de la subvención a la explotación que también le concede el Instituto Aragonés de Fomento (IAF).
Esta cifra podría ser mayor si la Diputación Provincial de Teruel (DPT) decide no acompañar al Ejecutivo autonómico en esta nueva ampliación. En esta le tocaría aportar 590.684,80 euros, los mismos que al Ayuntamiento de Alcañiz, que ya ha decidido no hacerlo, votado ya en el pleno celebrado la semana pasada. En el caso de la diputación, explicaron en declaraciones a este diario que «todavía no es una decisión tomada» qué va a hacer con su participación. El asunto se verá en el próximo pleno ordinario o se convocará otro extraordinario.
Por su parte, el Ayuntamiento de Alcañiz renunció de forma unánime en el pleno y por segunda vez (la primera fue en mayo del 2019) a suscribir las 63.040 acciones que le corresponderían en esta ampliación, como socio de la sociedad Ciudad del Motor de Aragón S.A., lo que se traducirá en seguir restando porcentaje a su presencia en el accionariado. De hecho, la DGA comenzó en el 2009 con el 60% del mismo y este año podría acabar representando casi el 90% del mismo, pero todas las partes entienden que esta operación es necesaria.
«La ampliación se realiza para pagar el canon» a la empresa Dorna Sports, que gestiona los campeonatos de MotoGP, explicó ayer Ignacio Urquizu, alcalde de Alcañiz, que subrayó que la situación financiera del consistorio hace que en estos momentos no pueda suscribir acciones porque debe atender a «otras prioridades». «La consecuencia es que el dinero lo pone el Gobierno de Aragón y que nuestra presencia como accionista disminuirá. Ahora tenemos el 6% y pasaremos a tener el 5% o el 4%», señaló el primer edil.
La corporación de Alcañiz ya adoptó la misma postura en el 2019 «porque no podemos destinar más de medio millón de euros a Motorland, el ayuntamiento no se lo puede permitir, tiene otras prioridades y ahora no tenemos capacidad económica para ello», explicó Urquizu, quien recordó que el contrato con Dorna Sports, la organizadora del Campeonato del Mundo de MotoGP, afronta su último año «y se presenta la renovación». El objetivo es que se renueve, continuó el alcalde, «esa es la petición que he hecho, pero depende de Arturo Aliaga», el vicepresidente de la DGA y consejero de Industria, quien dirige esa negociación.
«Es verdad que Dorna puso algunas condiciones, pero hay que partir del hecho de que todo el mundo quiere tener MotoGP, entonces hay un gran movimiento, especialmente ahora, de países asiáticos y árabes que desean albergar competiciones, incluso en América Latina y en Estados Unidos». «Todos los continentes quieren tener una carrera del mundial porque es una fuente de riqueza. Portugal quiere entrar también y eso supone que España pase de cuatro a tres. En eso está la negociación, en que muchos países quieren el MotoGP. Habrá que hacer hueco a otros países. Tenemos que pelear para que se siga celebrando en Aragón, y el año que no se haga habrá que ver qué hacemos para que se compense la situación y no se frene la actividad económica», advirtió. Esta es la encrucijada para los socios.
Mientras, el Gobierno de Aragón, a través de la Corporación de Empresas Públicas, debe maniobrar para dilucidar el futuro del proyecto. Este diario trató de ponerse en contacto con algún responsable de la sociedad pero nadie quiso valorar la situación ni realizar ningún tipo de comentario. Tan solo remitió a EL PERIÓDICO a un consejo de administración que se llevará a cabo en los próximos días.
Los presupuestos para el pasado ejercicio pasaban porque la sociedad que opera el circuito registrara unas pérdidas de 9,3 millones de euros, frente a los números rojos de 8,1 millones de euros del ejercicio precedente. Sin embargo, estas cifras posiblemente serán más abultadas por el covid.
