La movilización de más de una veintena de entidades ciudadanas y sociales ha logrado que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón admita a trámite la denuncia por presuntas irregularidades en la gestión del Consorcio Aragonés Sanitario de Alta Resolución (CASAR) por parte de los distintos Ejecutivos.

Así lo han puesto de manifiesto distintos portavoces de las entidades en una rueda de prensa en la que han informado de que después de que el Juzgado de Instrucción número 11 de Zaragoza y la Fiscalía sobreseyeran la denuncia, la interpuesta ante la Audiencia siga adelante.

Según ha explicado la portavoz de la Confederación de Asociaciones Vecinales de Aragón y portavoz de Sanidad de la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ), Soledad Hernández, la Audiencia "sí aprecia indicios de delito" y ha requerido un informe al tribunal de Cuentas sobre la gestión del CASAR tras las advertencias que en su día hizo públicas la Cámara de Cuentas de Aragón.

En 2016 la Cámara de Cuentas emitía un una "opinión desfavorable" con las cuentas de dicho organismo, disuelto en octubre de 2013 tras nueve años de funcionamiento, y alertaba de que la cuenta 409 (acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto) había sido utilizada "de forma improcedente" de forma reiterada y "recurrente" durante toda la vida del CASAR.

Situación a la que se suman, como han recordado hoy en la comparecencia, las deudas que arrastra este organismo de en torno a 11 millones de euros, y la irregularidad de los contratos con puestos de trabajo en plazas que no se corresponden y, sobre todo, "la falta de transparencia" y "oscurantismo" en la gestión de este consorcio.

Desde Podemos, José Antonio Fatás considera que ante las "docenas de irregularidades administrativas" que reveló la Cámara de Cuentas, "lo lógico" hubiera sido que el Tribunal de Cuentas hubiera intervenido, puesto que además se hizo constar que aunque el Salud facilitaba un informe con la globalidad de las cuentas lo que pedía la Cámara eran las cuentas desagregadas por ejercicios.

La intención de estas organizaciones es "batallar hasta el final" para exigir responsabilidades a los gestores de este Consorcio durante los nueve años de funcionamiento y poner de manifiesto, como ha señalado el secretario de Organización de IU, Jorge Sanz, que "la cuestión de fondo es la privatización de los servicios públicos con colaboraciones público-privadas en las que lo privado se lleva el dinero".

Para exigir transparencia en la gestión pública de la Sanidad y explicar a la población el conflicto del CASAR las entidades ciudadanas y vecinales han convocado una concentración a las 19 horas del jueves 26 de abril en la plaza de España de Zaragoza.

La concentración se llevará a cabo con el lema "La salud es un derecho u no la fuente para el negocio privado".