Zaragoza afrontará, a partir del 15 de junio, cuatro años plagados de interrogantes a despejar y retos que afrontar en una u otra dirección. Tantos que lo que está en juego en estas próximas dos semanas es mucho más que la aritmética. La línea 2 del tranvía, la nueva Romareda, el presupuesto de este año... Son muchas incógnitas que van más allá de si Ciudadanos se decanta por un tripartito con PP y Vox o si se alía con la socialista Pilar Alegría. Da igual quién ocupe la Alcaldía, los temas de envergadura llegarán y cada alternativa ofrece soluciones diferentes.

Por ejemplo para el futuro de la línea 2 del tranvía y, en general, para el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) que aprobó ZeC en solitario y que se encamina a una revisión casi inmediata con ambos. Respecto al eje este-oeste, el PP descarta el tranvía, Cs lo ve inviable de momento y el PSOE lo ve un objetivo prioritario. Después de más de 1,5 millones de euros gastados en estudios, anteproyecto y proyecto constructivo, se encuentra en el momento de licitar o no. Y parece uno de los sacrificios políticos más obvios.

Respecto a la bicicleta pública, para el Bizi se ha planteado siempre como imprescindible su expansión a todos los distritos. Cs posó con ZeC en la instalación fallida de las nuevas estaciones que hubo que retirar porque el PP impidió esa ampliación. Pero el PSOE siempre ha querido llevarla a cabo. Al final, el contrato con Clear Channel finaliza en el 2023 y su futuro es incierto: desde culminar su expansión a desaparecer.

IMPUESTOS

En el apartado económico, una hipotética coalición PSOE-Cs tendría complicado impulsar una supresión del impuesto de plusvalía en los casos de herencias que para el PP se da por sentado que hará si gobierna. La formación naranja siempre ha estado más próxima a los conservadores pero perder 10 millones de euros de ingresos cuando hay que pagar servicios... Al menos en el IBI las grandes empresas podrán respirar los próximos cuatro años, aunque no hay que obviar que al final de la legislatura habrá que ir pensando en una nueva revisión catastral que en el 2013 acabó en catastrazo.

La recaudación se suma a otro de los grandes retos del consistorio en estos cuatro años: la deuda viva y decidir si se mantiene el contencioso contra el Ministerio de Hacienda por obligar a la ciudad a computar la totalidad de la del tranvía, 189 millones. Aún así, se debería levantar el veto para captar más préstamos este mismo año, aunque Cs no es partidario de endeudarse más, y eso es fundamental de cara a elaborar un presupuesto con inversiones. Este sigue prorrogado y, como pronto, se empezaría a ejecutar ya en otoño. Pero de cara al 2020... El PP lo tiene claro, eliminar la etiqueta de ser la ciudad más endeudada de España se lo toman como obligación. ¿A costa de qué? ¿De recortar servicios?

En urbanismo también hay otra demanda en los tribunales que habría que decidir si retirar o no, que es la que reclama a la DGA parte de los antiguos juzgados de la plaza del Pilar. El PP lo mantendría, el PSOE lo quitaría. Y si finalmente lograse esos miles de metros cuadrados, ¿para qué se dedicarían?

LA ROMAREDA

Lo que menos discusión parece plantear es la reforma de La Romareda. El Real Zaragoza y sus aficionados pueden contar con ella sea cual sea el Gobierno que se pacte. Ahora bien, el PP plantea una de 70 millones, la más alta de las planteadas. En el arco de presupuestos oscila entre los 35 millones y esa cifra. En lo que todos coinciden es en cómo pagarlo: recalificaciones y aprovechamientos urbanísticos, que siempre traen cola.

Uno de los temas más polémica ha generado durante la legislatura ha sido la disolución de la Unidad de Apoyo Policial Operativo (UAPO), rebautizada como Unidad de Refuerzo Flexible (URF). Ni PP ni Cs ni PSOE estaban conformes y anunciaron en sendas ocasiones que, si estaban el frente del Gobierno municipal, desharían esta decisión de ZeC y los agentes volverían a lucir su traje azul marino y a llevar las siglas de UAPO.

También coinciden los tres en la necesidad de reformular los presupuestos participativos, ya que la implicación de la ciudadanía ha sido mínima y la aprobación de las obras acabó haciéndose por decreto en el caso de los proyectos de ciudad. Lo que no se sabe es qué harán para incentivar a los ciudadanos.

En materia de vivienda, las tres formaciones coinciden en que hay que acudir a la financiación público-privada, única fórmula para poder seguir ampliando el parque que, además, consideran que no solo debe limitarse a vivienda pública. Donde habrá diferencias será en la rehabilitación del antiguo cuartel de Pontoneros. El PSOE ha tumbado esta legislatura el proyecto aludiendo que era demasiado caro y que el consistorio pretendía financiar a pulmón pese al estado de las arcas públicas. Todo apunta a que las tres formaciones estarían dispuestas a aprobarlo siempre que haya financiación público-privada.