La promotora que ha impulsado la rehabilitación de un edificio catalogado en el número 46 de la céntrica calle San Miguel de Zaragoza será castigada con una multa de 60.000 euros. Así lo acordó ayer el Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC), para actuar contra una actuación que ya suscitó polémica en la concesión de la licencia porque el responsable de Urbanismo, Pablo Muñoz, se oponía a autorizarla apoyándose en informes técnicos que eran desfavorables porque implicaba dejar circular vehículos por esta vía peatonal porque incluía la creación de aparcamientos subterráneos. Finalmente se dio con los votos del PP, PSOE y Ciudadanos (Cs) pero ahí no finalizaron los problemas.
El mes pasado se interrumpieron las obras al detectarse que algunos elementos protegidos de este inmueble catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC) habían resultado dañados. Concretamente, la demolición parcial de la fachada exterior («con arrancado de losas de balcones y barandillas de forja, retirada de alero y carpintería», expone) y la interior a la altura de las dos primeras, según detectó la inspección urbanistica.
También referido a Urbanismo, se aprobó la recepción de la urbanización de las primeras áreas de Arcosur, pero condicionado a ejecutar obras pendientes como la instalación de un semáforo en las inmediaciones del colegio o la colocación de pantallas acústicas en la Z-40 que, si no se hacen, las ejecutará el consistorio de forma subsidiaria.
