La pandemia ha alterado por completo la vida laboral y esto ha tenido su reflejo en la actividad de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) durante el 2020. A las actuaciones ordinarias de control y detección del fraude, se han sumado otras relacionadas con el covid-19, sobre todo para evitar que algunos saquen tajada de esta situación excepcional. Así ocurre con los ertes, que han motivado 943 inspecciones en Aragón el pasado año de las que se derivaron 193 infracciones (3.635 en toda España), es decir, en torno al 20% de los casos revisados. Las multas sumaron un importe total 1,1 millones de euros y afectaron a 354 trabajadores, 268 de ellos por compaginar irregularmente la prestación de paro y el empleo.
El coronavirus provocó un aluvión de expedientes temporales de empleo, un salvavidas al que han llegado a recurrir más 15.000 empresas y 120.000 trabajadores en Aragón. Este ha sido uno de los aspectos que la llamada 'policía' laboral ha tenido que abordar aunque no estuviera previsto en su planificación anual, al igual que el control de las obligaciones de salud pública en las empresas.
Para evitar fraudes y connivencia en la aplicación de los ertes, se realizaron un total de 2.698 actuaciones, de las que 943 fueron controles directos y 1.755 comunicaciones o advertencias a las empresas sobre las obligaciones que debían cumplir, según los datos facilitados este martes por el director territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Aragón, Román García. De total de infracciones por suspensiones de empleo, la mayor parte (171) tuvieron que ver con incumplimientos en materia de Seguridad Social. Otros 17 casos fueron por infringir normas de relaciones laborales, tres más por cuestiones de empleo y extranjería y los dos restantes por obstruir la labor inspectora.
Prevención y salud pública
En prevención de riesgos laborales, la crisis sanitaria y la consiguiente reducción de las visitas presenciales ha mermado las actuaciones programadas por la Inspección de Trabajo, lo que reducido de forma significativa las actuaciones y sanciones. A pesar de ello, la ITSS ha jugado un papel destacado en el control de las obligaciones de salud pública asociadas al covid-19, en coordinación con la DGA. A cierre del 2020 se finalizaron 436 inspecciones por este tipo de incidencias, de las que se derivaron 30 infracciones por un importe de 116.745,40 euros.
La actividad general de este organismo estatal, adscrito al Ministerio de Trabajo y Economía Social, se tradujo el pasado año en la comunidad en 17.243 expedientes tramitados, un 6,6% menos respecto al 2019 (18.455), y 28.969 controles, un 15,7% menos. Esta disminución se debe a las dificultades y limitaciones para la realización de las visitas como consecuencia de las restricciones sanitarias y la paralización de la actividad general que hubo durante el primer estado de alarma. A pesar de ello, la Inspección de Trabajo se situó en niveles del 2017.En todo caso, el volumen de denuncias presentadas el pasado año sigue siendo alto, alcanzando las 2.567.
Toda esta actividad se substanció en 2.370 infracciones —casi 500 menos que el año precedente—, con sanciones por importe total de 9,5 millones de euros. Y el dinero aflorado por fraudes a la Seguridad Social ascendió a 13,9 millones.
