Pegar diez carteles en la calle puede costar hasta 750 euros. Esto es lo que le ha pasado a un miembro de la Asociación de Vecinos Puente Santiago de Zaragoza que ha recibido una notificación en la que se le comunica que puede ser multado con hasta 750 euros por pegar letreros. Los carteles que este vecino pegó informaban sobre una manifestación autorizada para reclamar la reposición del servicio de autobuses en la zona norte del Actur tras la reordenación de líneas de bus el pasado agosto. Estas sanciones reviven una exigencia de las agrupaciones que el consistorio se comprometió a cumplir pero que, a día de hoy, no ha hecho: la instalación de tablones donde colgar sus notas informativas.

A partir de la recepción de la notificación de la multa se abre un periodo de 15 días para recurrirla. El importe mínimo por este tipo de faltas es de 30 euros, pudiendo llegar hasta los 750.

Según la agrupación, esta multa da a entender que cualquier organización civil, vecinal o cultural "no va a poder dar información a los ciudadanos" porque será multado, incluso a nivel particular. Para la agrupación, los hechos demuestran "todo lo contrario" a lo que el vicealcalde de Zaragoza, Fernando Gimeno, anunció cuando se derogó la ordenanza cívica.

La entidad recordó que, según las declaraciones realizadas por Gimeno, con esta decisión se avanzaba en la armonización de la normativa municipal, se unificaban criterios y procedimientos administrativos y se fomentaba "la adecuada convivencia y utilización de los espacios públicos de Zaragoza por parte de la ciudadanía".

INFORMATIVOS

No ha sido así por lo que para las entidades vecinales del distrito Actur, esta multa es un "ataque represivo" a la libertad de comunicación de las asociaciones que no tienen otro medio para informar a los vecinos, a pesar de las reiteradas peticiones realizadas a la Federación de Barrios de Zaragoza (FABZ).

La agrupación valoró que no se puede reprimir al movimiento ciudadano por este tipo de acciones que "de ninguna manera afectan a la convivencia y al comportamiento de los ciudadanos en el espacio público de Zaragoza". A su juicio, lo que pretende el consistorio con este procedimiento es "intentar acallar las protestas de las asociaciones de vecinos, en su derecho a manifestar en la calle sus reivindicaciones sobre la reestructuración de las líneas de autobuses" tras la adjudicación de Autobuses Urbanos de Zaragoza (AUZ).

Pero no solo eso. También creen "sospechoso" que se pretenda sancionar a un miembro de una asociación de vecinos por la colocación de carteles de ámbito informativo sobre una manifestación del propio barrio mientras la ciudad está "plagada" de carteles comerciales y de todo tipo en las diferentes calles de la ciudad. Señalaron que estos hechos "atentan" contra los derechos.