La polémica ley mordaza, activada en el 2015 bajo el mandato como ministro del Interior del conservador Jorge Fernández Díaz, trajo polémica por el recorte de libertades civiles, pero se está descubriendo como una herramienta recaudatoria muy sustanciosa para las arcas estatales. Según los últimos datos de Interior, las sanciones impuestas el año pasado solo en Aragón alcanzaron los 8,8 millones de euros en multas (8.849.072, concretamente). Es casi el doble (un 91% más) que los 4,6 millones del 2016, el primer año completo de aplicación de la norma, que entró en vigor a mediados del 2015.

Estas multas impuestas (no se sabe si recaudadas pues, aunque sea difícil, se pueden anular) derivan de casi 14.978 infracciones. También supone un notable aumento respecto a las 8.446 del 2016, pero de un 77%, inferior al dinero.

Aunque el apelativo acuñado por los detractores de la norma se popularizó enseguida, en realidad las sanciones más abundantes, con diferencia, son las relacionadas con las drogas, que ya estaban tipificadas en las anteriores leyes de seguridad ciudadana. En total fueron 11.350, incluyendo el cultivo de marihuana, la tolerancia al consumo en locales públicos pero sobre todo el consumo o tenencia de estupefacientes. Solo a raíz de este, las fuerzas de seguridad impusieron 11.290 multas, por un valor de 7,3 millones de euros.

647 euros de media // Conviene recordar que todas las infracciones que recoge esta ley son de menor entidad que los delitos, igual que conducir ebrio, si no se supera la tasa penal de 0,60 miligramos por litro de aire espirado. En este caso, se penaliza el consumo propio de drogas, cuando no hay indicio que apunte al narcotráfico.

Lo que también se criticó de esta norma en este apartado fue la cuantía de las sanciones, aprovechando la teóricamente ventajosa despenalización. Es decir, no es delito, no conlleva proceso judicial ni posibles antecedentes, pero esto también supone menos garantía por falta de control del juez, salvo que se recurra por lo Contencioso-Administrativo. En cuanto a la cuantía, no hay más que verla: las multas por drogas salieron a una media de 647 euros.

DESOBEDIENCIA / Las infracciones más directamente relacionadas con las restricciones de derechos civiles o protesta ciudadana, algunas de las cuales también estaban ya penalizadas en anteriores normas, ocupen lugares destacados pero alejados de las drogas. Por ejemplo, hubo 527 multas por negativa a identificarse, con 310.786 euros, o 1.440 por faltas de respeto, con 278.351 euros. También otras 383 por obstaculizar la vía pública con objetos, con un montante de 230.310 euros. Pero apenas una por tomar fotografías de agentes, a 601 euros.

Sorprende la cantidad de multas por portar o exhibir armas prohibidas con ánimo de amedrentar (sin llegar al atraco, que sería delito). Fueron 706 sanciones, con 423.312 euros de multas tramitadas.