La faena se le acumula a la consejería de Sanidad, que afronta el año que resta hasta la celebración de las elecciones autonómicas con numerosas tareas pendientes. Se trata, en algunos casos, de deberes por hacer que acumulan aplazamientos y que han provocado numerosas discrepancias internas entre la propia Administración sanitaria. La posibilidad de más recortes debido al incumplimento del déficit podría amenazar alguna de ellas o suspender su ejecución.
LA LISTA DE ESPERA, EL GRAN PUNTO ROJO
En este marco destacan, sin duda, las listas de espera, el punto rojo --o negro-- de la legislatura admitido desde el propio departamento. De hecho, el Salud sigue sin actualizar los datos de la demora quirúrgica desde hace casi un año, aunque el consejero, Ricardo Oliván, asegura que lo hará antes de la celebración, dentro de menos de un mes, de las elecciones europeas.
Aunque desde varios sectores de la comunidad sanitaria se asegura que esa actualización no ofrecerá datos reales, sino maquillados por la desaparición de la lista de espera de operaciones como vasectomías u obesidad mórbida.
Sindicatos y colectivos como Marea Blanca aseguran que la demora actual alcanza niveles nunca vistos en la historia de la comunidad, con más de 30.000 aragoneses a la espera de ser sometidos a una intervención.
En pleno segundo plan de choque y con una rebaja sustancial en la cuantía acordada con las clínicas privadas para derivar operaciones, la amenaza de más recortes como consecuencia del incumplimiento del déficit --desde el Gobierno de Aragón insisten en que no habrá más ajustes en materia sanitaria, educativa y de servicios sociales--, no parece afectar en demasía a la prioridad principal pregonada a los cuatro vientos por el departamento. De hecho, así se lo habría transmitido el propio Oliván a Ángel Sanz, el nuevo gerente del Salud.
Trauma y Oftalmología acaparan la mayor demora y ningún hospital aragonés se salva del incremento de una lista de espera convertida en el gran azote de Oliván.
LAS CENTRALIZACIONES Y SALUD MENTAL
Pero otras cuestiones sí pueden verse condicionadas por la estrechez económica y la disponibilidad presupuestaria. Es el caso del macrolaboratorio, que ha pasado de ser considerado una medida fundamental a quedar relegada a un segundo o tercer plano. Sanidad insiste en que no descarta la unificación, pero la compra centralizada de reactivos en el Servet mitiga cualquier urgencia.
Entre las centralizaciones que Oliván pretende potenciar a corto plazo figura, además de la competente a servicios de los hospitales Miguel Servet y el Clínico, figura la de las unidades de salud mental que supone el traslado de las unidades de los barrios de Torrero-La Paz, San José, Las Fuentes y Casablanca a Valdespartera y la unidad de Rebolería a la de Sagasta. El cambio viene aplazándose desde hace meses y no cuenta con el consenso del personal sanitario. De hecho, su aplicación fue uno de los puntos discordantes entre la consejería y la anterior cúpula del Salud, ya destituida. La consejería asegura que la medida se llevará a cabo, "posiblemente" antes del verano, al igual que la apertura de la unidad de agudos en Psiquiatría del Miguel Servet, que acumula dos años de retraso. Otra asignatura pendiente marcada por las continuas promesas incumplidas y que debe paliar la falta de camas en la capital aragonesa para este colectivo.
UNIFICAR SERVICIOS Y ALMACENAJE
Más prisa parece tener el departamento en acometer la centralización de servicios que actualmente se ofrecen en los hospitales Miguel Servet y el Clínico. En realidad, la tarea se enmarca en la intención de la reducción de zonas sanitarias --de las 8 en las que está dividido el mapa sanitario aragonés en la actualidad a tres, una por provincia--.
Asimismo, Sanidad también pretende llevar a cabo a corto plazo la centralización de almacenaje. Precisamente, la falta de material sanitario provocó problemas de desabastecimiento a principios de año, aunque este extremo fue negado por el Salud.
LOS NUEVOS HOSPITALES EN TERUEL
También va con retraso el inicio de las obras del hospital de Teruel. El posible riesgo sísmico en la zona donde se va a construir el complejo y el estudio encargado para su valoración, obligó a retrasar los trabajos pese a contar con una partida específica destinada para ello en el 2013. Ahora, Oliván emplaza las obras para septiembre, alrededor de medio año antes de que se ponga la primera piedra del nuevo hospital de Alcañiz, con un modelo de concesión de obra pública que ha despertado las críticas de la oposición.
De momento, para el centro de la capital turolense solo se ejecutarán 4 de los 18 millones presupuestados para este año y el resto se acumulará para el 2015. El pasado año, el departamento tampoco ejecutó lo previsto debido al aplazamiento en las obras, pero el material de alta tecnología al que destinó parte de ese dinero no gastado aún no ha llegado a los hospitales de destino, entre ellos, Calatayud o Huesca.
Ambos centros son las infraestructuras más importantes pendientes de acometer desde Sanidad, que, además, también debe resolver la asimilación del Consorcio Aragonés Sanitario de Alta Resolución (CASAR) en el Salud. En este sentido, los trabajadores de los hospitales de Ejea, Fraga y Tarazona llevan tiempo denunciando la falta de información sobre la situación del consorcio y sus trabajadores en el proceso de integración en el Salud, a pesar de que Oliván aseguró que sería un hecho este año.
LAS DUDAS SOBRE EL NUEVO COPAGO
La obligación, impuesta por decreto ministerial, de que enfermos crónicos u oncológicos no ingresados paguen una pequeña parte del coste de sus medicamentos adquiridos en farmacia hospitalaria, sigue chocando con la resistencia de las comunidades, que, medio año después de la entrada en vigor de la norma, no han aplicado la medida. En Aragón, el debate se ha envuelto en dudas y discrepancias entre la propia Administración. Desde la consejería se asegura que se aplicará, pero nadie quiere ser la primera comunidad en obligar al desembolso a un colectivo tan sensible.
De hecho, este asunto también habría profundizado en la brecha existente entre miembros de la Administración sanitaria, que habrían trasladado a Oliván su reticencia a esta medida y planteado la posibilidad de no implantarla en Aragón.
La regulación no gusta y nadie quiere dar el primer paso, a pesar de que el número de afectados por este nuevo copago no sería elevado --alrededor de 400-- y que solo se abonará un 10% del coste del fármaco con un tope de alrededor de 4 euros por envase.
Mientras, el ministerio recuerda que la norma es de obligado cumplimiento, pero se ha topado de bruces con el rechazo masivo.
ASUMIR TRASPLANTES CARDIACOS
Aragón también pretende convencer a otras comunidades para asumir sus trasplantes cardiacos. El consejero Oliván ya se ha reunido con homólogos de La Rioja o Castilla La Mancha para tratar de convencerles de la conveniencia de que este tipo de intervenciones a pacientes de comunidades limítrofes que carecen de este servicio se hagan en el Miguel Servet. De momento, no hay acuerdos. Esta premisa fue expuesta por la propia Organización Nacional de Trasplantes (ONT), que incluyó la unidad de trasplante cardiaco del hospital Miguel Servet entre las susceptibles de cierre por no alcanzar el número mínimo de operaciones al año. Esa intención --negada posteriormente por el propio organismo-- provocó el rechazo de toda la comunidad sanitaria y de la propia DGA, que se apresuró a garantizar la continuidad de la unidad zaragozana.
