Los municipios aragoneses tienen una elevada dependencia de las transferencias corrientes y de capital procedentes de otras administraciones a la hora de elaborar sus presupuestos y decidir cada año sus políticas de gastos y de ingresos.
Así se pone de manifiesto en el Informe de Fiscalización del Sector Público Local Aragonés del 2017, que hizo público ayer el presidente de la Cámara de Cuentas de Aragón, Alfonso Peña, y en el que se constata que el 98% de los 840 municipios de la Comunidad habían cumplido con la obligación legal de rendir cuentas. Aragón ocupa el primer puesto de España en este aspecto, con Asturias. Solo cinco ayuntamientos (Castelnou, La Vilueña, Munébrega, Valle de Hecho y Valle de Bardají) no enviaron sus cuentas.
Los datos indican que los ingresos totales de las entidades locales que rindieron cuentas a la Cámara en el 2017 ascendieron a 2.015 millones de euros, un 4% más que en el año anterior.
El informe destaca la «elevada dependencia» de los municipios de las transferencias corrientes y de capital al suponer un 48% de sus ingresos, constituyen la segunda fuente de financiación los impuestos directos, y la tercera las tasas y precios públicos.
Por otra parte, en el ejercicio de hace dos años las entidades locales aragonés sumaron 1.885 millones de euros en gastos, un 4% más que en el ejercicio anterior, el 65% de los cuales se destinaron a gastos de personal y a la adquisición de bienes y de servicios. Su endeudamiento disminuyó un 10% y quedó en 535 millones.
Los contratos más numerosos y los de mayor importe de adjudicación fueron los servicios, seguidos de obras y suministros, mientras que el método de contratación utilizado mayoritariamente, en un 59%, fue el de procedimiento abierto, que garantiza una mayor concurrencia. Además, 51 entidades locales comunicaron acuerdos de gastos contrarios al criterio de la intervención municipal, por 22,4 millones de euros y destinados en su mayor parte a contrataciones.
El informe recoge varias recomendaciones como la elaboración y aprobación de sus presupuestos en el plazo legal, ya que solo lo hicieron el 27%.
