La fecha marcada en rojo en el calendario es el jueves 1 de abril. Ese día dejará una de las tres expediciones diarias entre Zaragoza y Lérida, el trayecto que circulaba en días alternos entre Teruel y Valencia, dos de los cuatro viajes diarios entre Fayón y Caspe, así como el servicio que el canfranero hacía los fines de semana entre Huesca y Jaca con fines turísticos. Para evitarlo, desde la comunidad se han abierto varios frentes. Las asociaciones en defensa del ferrocarril han convocado una manifestación el próximo 30 de marzo a las 11.00 horas frente al edificio Pignatelli en Zaragoza. Los alcaldes de los municipios de la línea entre Zaragoza y Lérida buscan cerrar cuanto antes una posición conjunta con la que exigir ante el Ministerio de Transporte que mantenga la subvención a esta línea. Y el propio Gobierno de Aragón a través de la consejería de Vertebración del Territorio quiere insistir en que se busca «el mejor ferrocarril» garantizando que cada administración asume las competencias que les corresponde.
El director general de Transportes, Gregorio Briz, reconoció ayer que este cambio de postura (que permitirá a las arcas aragonesas ahorrar cuatro millones de euros) busca presionar al Ejecutivo estatal para que aumente las rutas consideradas como una «obligación de servicio público», esto es, las que responden a la necesidad económica y social de facilitar la movilidad de las personas residentes en territorios segmentados. Unas condiciones que considera que se cumplen sobradamente en las líneas que podrían desaparecer.
Alternativas por bus
Por el momento, Briz aseguró que buscan participar de un «frente político común» para llevar estas reivindicaciones a Madrid. «La negociación aún no está cerrada completamente y por el momento vamos a garantizar diferentes alternativas por autobús a las personas afectadas», indicó.
Los alcaldes de la línea afectadas con más viajeros, los de Monzón, Tardienta, Sariñena o Binéfar se han emplazado a una reunión esta misma semana en la que decidir cómo articular medidas de presión. «La defensa del tren tiene que estar por encima de los partidos, todos compartimos las mismas necesidades», expresó el regidor montisonense, Isaac Claver (PP). Han promovido además, según decidieron en la junta de portavoces del municipio, una reunión con el consejero José Luis Soro para el próximo viernes. Y le han trasladado la necesidad de que mientras se solucionen las cosas se mantenga la financiación autonómica del trazado. «Es necesario hacer la máxima presión posible, no podemos perder más derechos», indicó a su vez el responsable de Sariñena, Juan Escalzo (PSOE).
Durante la jornada de ayer desde el PAR y desde Ciudadanos también se pidió «unidad» para ejercer una mayor presión ante el Gobierno de España. «La posible supresión de servicios en la comunidad iría en contra de las directrices de ordenación territorial y supondría un brusco y peligroso frenazo al desarrollo rural», expresó el portavoz aragonesista Jesús Guerrero.
«Estamos viendo los resultados de esta carencia de tener cada vez menos inversiones y una maquinaria obsoleta: un peor servicio, menos viajeros y un deterioro sucesivo que afecta a municipios tan dispares como Jaca, Grañén, Caspe, Monzón y Sariñena», advirtió el portavoz de Ciudadanos en asuntos de Vertebración, Carlos Ortas.
Grandes costes
Más dura fue la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, a la hora de valorar la decisión tomada en la consejería de CHA. «Si los ayuntamientos cerraran todos los servicios que nos les corresponden por ley habría que cerrar la mitad de ellos», afirmó antes de asegurar que presentará una queja formal por escrito.
«Existe una consejería de Vertebración que tienen la obligación de vertebrar, además, no podemos olvidar al dinero que se destina al mantenimiento de vuelos en el aeropuerto de Zaragoza mientras aquí nos han quitado conexiones por bus y ahora parece que harán lo mismo con las de ferrocarril», observó.
Más allá del conflicto de competencias, la realidad es que mantener las rutas de tren implica una subvención de 120 euros por persona para un total de 34.000 viajeros en el 2019. «El Gobierno de Aragón lleva destinando más de cuatro millones de euros anuales desde el 2013 para pagar unos servicios que son competencia del Estado», recordó el presidente de CHA, Joaquín Palacín, al anunciar la presentación de una iniciativa en el Senado, a través de Carles Mulet, senador de Compromís, para reclamar que el Gobierno de España asuma el coste de los servicios.
