El Gobierno murciano se sumó ayer al valenciano y presentó otro recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la paralización del trasvase del Ebro, medida ésta que, según el Ejecutivo central, conllevará indemnizaciones a los afectados por rescisión de obras de más de 4,2 millones euros.
El recurso ante el TC por parte del Gobierno murciano lo presentó ayer su consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, quien exigió "orden en el desconcierto, enredo e insolidaridad que la decisión del Gobierno central ha producido con la derogación del trasvase". Al igual que hace apenas diez días el consejero valenciano de la Presidencia, Alejando Font de Mora, al presentar también un recurso, criticó la postura del Gobierno ante el PHN, Cerdá acusó al Ejecutivo de atender con su actitud más a una "voluntad política que a razones jurídicas".
Paradójicamente, la opinión del gobierno murciano contrasta con las declaraciones de los responsables de UGT y CCOO en la región, quienes pidieron ayer a su presidente, Ramón Luis Valcárcel, que deje su postura extremista y de confrontación, y, sin embargo, apueste por el diálogo, la negociación y el consenso en el tema del agua.
El recurso de Murcia afirma que la derogación es "un acto de voluntad política, cuya elaboración y fundamentación jurídica es exigua o inexistente". Según el escrito facilitado a los medios, "no hay correspondencia entre lo que se deroga y aquello con que se pretende sustituir" y "no se han seguido los trámites establecidos en la Directiva Marco del Agua".
Otro de los argumentos es que "el trasvase que se pretende derogar y el PHN en que se integra son el resultado de un amplio y participado proceso de composición de intereses que ha generado un equilibrio real entre ellos", ya que el proceso abarca desde 1993 a 2001 y el PHN cumplió distintas evaluaciones medioambientales. Entre los fundamentos de derecho aportan "la inexistencia de la extraordinaria urgencia y necesidad" de la figura del real decreto.
