La presencia de dos policías locales en la confluencia de la avenida América con Nicasio Mariscal advirtió ayer a los transeúntes de que algo estaba sucediendo. Efectivamente. Al fondo de esta última calle, unas 200 personas participaban en una fiesta reivindicativa organizada por la Asociación de Vecinos Venecia y los comerciantes de Fray Julián Garcés para exigir que se agilicen las obras de reforma de esta vía, que ya acumulan un retraso de dos meses.
Actuaciones musicales, animación infantil, reparto de pasteles con forma de cinco para conmemorar el día y mucho nervio. Con estos elementos celebraron los vecinos su jornada reivindicativa. Los preparativos del día anterior ya fueron movidos. "En un principio, íbamos a montar un escenario en medio de la calle de Fray Julián Garcés, pero vinieron de la empresa a decir que era peligroso y que de eso nada. Al final, hemos tenido que colocarlo en la calle Mariscal", comentó el vicepresidente de la asociación Venecia, Raúl Bernal. "En el fondo tenían razón, ellos son los responsables en caso de accidente", concedió.
No opinaba lo mismo Mari Carmen Gutiérrez, propietaria de una mercería que ha visto cómo sus ingresos se reducían a la mitad "por culpa" de las obras. "Durante los últimos meses les ha importado un pimiento que nos abriésemos la cabeza en cualquiera de las zanjas abiertas en la puerta de las tiendas y los portales. Que no vengan ahora diciendo que no podemos montar una fiesta por miedo a accidentes", protestó la propietaria.
Junto al escenario, la asociación había colocado una mesa de información en la que se invitaba a los ciudadanos a denunciar las deficiencias causadas por las obras en fachadas y los accidentes sufridos por caídas en la calle.
No fue la de ayer la primera vez que los vecinos de Torrero salían a la calle. Desde el mes de enero, fecha en la que la empresa tenía que haber reabierto la calle, comerciantes y residentes iniciaron una campaña para instar al Ayuntamiento de Zaragoza a exigir a la compañía el cumplimiento del contrato. Tras concederle una prórroga, que expiró el 3 de marzo, el consistorio le ha denegado una segunda y ya ha manifestado su intención de sancionar a Alcuba por día de demora. Según la Ley de Contratos de las Administración Pública, la penalización podría superar los 350 euros diarios.
La empresa, presionada
Los vecinos llegaron a reclamar el cambio de adjudicataria. Sin embargo, el alcalde, Juan Alberto Belloch, descartó ayer esta medida. "Lejos de arreglar las cosas, podría retrasarlas. Intentaremos que, si no cumple, al menos le cueste caro", puntualizó.
"Ahora el jefe de obra está quejoso, nos dice que les estamos presionando y que así no pueden trabajar", explicó Bernal. No obstante, se mostró contundente: "Que piense en cómo lo están pasando los comerciantes que cada mes tienen que enfrentarse a las facturas con la mitad de los ingresos. Algunos han tenido que cerrar".
