El PP dio ayer un nuevo varapalo a las reivindicaciones históricas de Aragón al anunciar que no hay dinero para desdoblar la N-II, y que así se evita hacer "competencia desleal" a las concesionarias de autopistas, en este caso Abertis, que gestiona la AP-2. Estas declaraciones, efectuadas ayer en el Congreso por el secretario de Estado de Infraestructuras, Rafael Catalá, a petición del diputado de CHA, integrado en La Izquierda Plural, Chesús Yuste, generó una nueva indignación en Aragón. Incluida la DGA, que emitió un comunicado para considerar "incomprensibles" las palabras de Catalá.

El portavoz, Roberto Bermúdez de Castro, consideró "incomprensible e inaceptable esta afirmación. El Ejecutivo aragonés no la comparte en absoluto, más cuando se trata de unas vías con alta siniestralidad", aseguró. De hecho, el Ejecutivo autonómico reiteró "su compromiso" de seguir reivindicando la necesidad de ejecutar estas obras con el objetivo de reducir la alta siniestralidad de estas vías. Mientras, el consejero de Obras Públicas del Gobierno de Aragón, Rafael Fernández de Alarcón, ha iniciado esta semana conversaciones con Abertis para liberalizar los peajes aragoneses, tanto en la AP-2 entre Fraga y Alfajarín como en la N-232 entre Mallén y Figueruelas.

REGUERO DE MUERTES Chesús Yuste, diputado que solicitó la comparecencia para que el ministerio informara de las inversiones concretas en Aragón, condenó las palabras del secretario de Estado, mostró "su indignación por el brutal y desproporcionado recorte en inversiones" reclamadas desde hace décadas "por las instituciones aragonesas desde la unanimidad". Yuste lamentó que la reducción en Fomento para Aragón sea del 37% (el 75% en cinco años) y le recordó que en la N-II hay "accidentes todas las semanas" y más de 200 muertos "en los últimos diez años". El agravio con Aragón no fue visto igual por el portavoz del PP en la comisión de Fomento, Andrés Ayala, quien consideró que Aragón no ha sido "maltratada".

El PSOE también se sumó a las críticas a través de su secretario general en el Alto Aragón, Antonio Cosculluela, quien consideró las palabras de Catalá como un "un nuevo desaire para la provincia de Huesca".