"Nada justifica en la actualidad que la Policía y la Guardia Civil sigan como cuerpos separados", afirmó ayer Narciso Ortega, comisario jefe de Policía Científica de Zaragoza, en una conferencia organizada por el Foro de Pensamiento de Aragón.

Ortega y el magistrado Alfonso Ballestín, titular del Juzgado de Instrucción número tres, intervinieron como ponentes en un debate sobre los modelos policial y judicial en el nuevo escenario nacional, que fue moderada por Adolfo Herrera, presidente del foro.

El comisario manifestó que "la seguridad ciudadana no es un problema del número de agentes" y recordó que España, con más de cuatro por cada mil habitantes, "es uno de los países con más policías de Europa. Sin embargo, están mal coordinados y mal distribuidos, con una dispersión de cuerpos y duplicidad de funciones injustificadas".

Ortega constató el fracaso del Plan de Policía 2000 del anterior Gobierno, que no sólo no frenó la escalada de delincuencia, "sino que ha impedido debatir sobre un nuevo modelo policial" y abogó por la "necesidad urgente" de crear un "mando único del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil, como incluía en su programa el actual partido gobernante". No obstante, el responsable policial expuso sus reservas sobre la interpretación de esta unidad de mando como "mando colegiado, que es similar a lo ya existente".

NUEVOS INGREDIENTES Ballestín, por su parte, se refirió a la irrupción de dos nuevos "ingredientes" en el panorama de inseguridad ciudadana, la inmigración y el terrorismo global. El juez señaló como dato objetivo que el 60% de los detenidos que comparecen en el Juzgado de Guardia son de origen extranjero. Asimismo, añadió que el 11-M supone un salto cualitativo del terrorismo, "que genera a la sociedad una sensación de vulnerabilidad".

Sin embargo, no se mostró partidario de modificar el modelo judicial, que está definido por la Constitución. En su opinión, "las recetas tradicionales sirven cuando están en constante innovación. Se pueden reformar las leyes sustantivas, con la introducción de nuevos delitos, cambios en el régimen de cumplimiento de penas y otros, pero no el juez constitucional".

Ballestín y Ortega coincidieron en que los cambios en la lucha contra la delincuencia deben de acompañarse de presupuestos, sin confiarse al voluntarismo de policías, jueces y funcionarios, "como se ha hecho hasta ahora".