La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, confirmó ayer que el lunes presentará a la comisaria europea de Medio Ambiente, Margot Wallström, el paquete de medidas alternativas al trasvase del Ebro que "espero permitan no perder ni un solo euro de los fondos europeos".
Tras reunirse con la presidenta de Los Verdes Europeos-Alianza Libre Europea en el Parlamento Europeo, Mónica Frassoni, la titular de Medio Ambiente declaró que "en estos momentos se está terminando la cuantificación de las inversiones y costes" elegibles sujetos a fondos europeos del plan alternativo al trasvase. Aclaró que previamente tiene prevista una reunión, por separado el próximo jueves, con los presidentes de Valencia y Murcia para explicarles su propuesta, que también será dada a conocer la próxima semana a Cataluña y Andalucía.
Sobre la financiación europea para el plan alternativo del Gobierno al trasvase del Ebro, Narbona aseguró que "lo que no tenía financiación europea era el trasvase y hemos pedido a la Comisión Europea que transmita de forma explícita su opinión". Narbona indicó que conoce "algunos" informes que iban en el sentido de que "la financiación estaba perdida" e indicó que se ha encontrado en el ministerio "un auténtico caos" respecto a los proyectos objeto de ayudas de fondos europeos. Sobre la alternativa al trasvase, Frassoni se mostró confiada en que irá en una dirección "completamente diferente" al trasvase del Ebro y suponga "un ejemplo para el resto de Europa".
Mientras tanto, un grupo de representantes de partidos y organizaciones ecologistas contrario al proyecto del trasvase Júcar-Vinalopó pidió ayer en el Parlamento Europeo la paralización de las obras y la revisión del proyecto de cofinanciación, aprobado por la Comisión Europea, por considerarlo "inadmisible". La Comisión Europea (CE) recordó que son las autoridades españoles las que tienen la competencia de paralizar las obras de ese trasvase, aunque señaló que una decisión del Gobierno de Zapatero contraria al proyecto basada en "informaciones válidas" permitiría al Ejecutivo comunitario pronunciarse a favor de una suspensión de la financiación de este trasvase, actualmente en ejecución.
