La Ley de Función Pública de Aragón sigue "estancada" tras pasar hoy sin avances por el orden del día de la Mesa General de Negociación de Administración Pública aragonesa, en la que han estado presentes los sindicatos UGT, CCOO y CSIF.

"Habíamos iniciado una senda de negociación antes de verano que, por determinadas razones, se había visto truncada. Como mínimo se han puesto todos los planteamientos para lograr avanzar hacia un acuerdo con el esfuerzo de todas las partes", ha confiado en declaraciones a la prensa el director general de Función Pública del Gobierno de Aragón, Ignacio Zarazaga.

Zarazaga ha manifestado que "ahora hay que avanzar de manera importante" en esta Ley de Función Pública, uno de los "asuntos prioritarios" de la mesa de negociación junto al proceso de estabilización de la temporalidad, que también se ha abordado hoy.

Pero para el presidente autonómico de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) Aragón, Pablo Ricardo Asín, la situación está "estancada del todo".

"El calendario saltó hecho en pedazos en el momento en el que la administración nos trajo la situación del Instituto Aragonés del Agua", ha especificado Asín, que ha criticado que "la misma administración se saltaba los principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad y publicidad de acceso al empleo público".

Por ello, ha continuado, "los sindicatos representantes en la mesa nos levantamos y a partir de allí se paralizó la negociación".

Una negociación que para CSIF Aragón pasa por el "consenso" y por la "homologación en el sistema de acceso, carrera profesional, bolsas de empleo y promoción interna".

"Va a afectar básicamente al sector de administración general porque Sanidad y Educación ya tienen su normativa específica, por lo que el 95 % se va a aplicar en la administración general", ha detallado Asín.

Además, ha enfatizado una "reivindicación histórica", la carrera técnica en las clases técnicas de esta administración ya que "no puede ser que un químico o arquitecto entre y se jubile después de 35 o 40 años de servicio con el mismo nivel", ha puesto como ejemplo.

En otro orden de cosas, la Mesa General ha dado el visto bueno al acuerdo que establece el índice de distribución de las ayudas incluidas en el Fondo de Acción Social para 2017 con el objeto de respetar las limitaciones presupuestarias de este ejercicio.

Una vez aplicado, el fondo dispone de un total de casi tres millones de euros, que se distribuyen de la siguiente manera: 1.411.193 euros para la administración general, 194.301 euros para Justicia y 1.393.337 para Educación.