La Fiscalía Provincial de Zaragoza acaba de solicitar 36 meses de prisión para A. G. T., que está al frente de la empresa El Negociador Bancario en la capital aragonesa. El ministerio público considera que este hombre es autor de un delito de estafa.

En su escrito de acusación señala que A. G. T., junto a G. P. F., se pusieron de acuerdo para enriquecerse mediante el engaño a costa del patrimonio ajeno. La víctima que les denunció acudió a dicha empresa (de cuya existencia había tenido conocimiento a través de su publicidad en internet) dado que se encontraba demandado en un procedimiento de ejecución hipotecaria y temía perder su casa.

COMPROMISO

La Fiscalía destaca que El Negociador Bancario se comprometió, a través de A. G. T. y asumiendo la defensa como abogado G. P. F., a que la duración del procedimiento sería de 5 años, así como que, a su finalización, el cliente podría decidir si deseaba entregar el inmueble al banco y dejar así la deuda totalmente cancelada o recuperar el mismo con unas condiciones mucho más ventajosas que las existentes en ese momento, con quitas muy importantes y pago fraccionado de la deuda resultante.

Un acuerdo que firmó el denunciante a cambio de unos honorarios de 10.000 euros. «Los encausados eran perfectamente conocedores de que dado el momento procesal en el que se encontraba dicho asunto, era imposible el cumplimiento de sus compromisos consigiendo que la víctyima les hiciera un pago de 2.525 euros en efectivo en la cuenta que se le indicó, que era de otra empresa de la que también es administrador único A. G. T.», asegura la acusación pública.

La subasta de la vivienda del zaragozano se llevó a cabo el 25 de junio del 2015 y había sido señalada por decreto un 27 de marzo, es decir días antes de que se firmara el compromiso de los encausados con el cliente. En enero del 2017, A. G. T., supuestamente, envió una carta al demandante en la que le anunciaba que rescindía el contrato.

Por su parte, la abogada de la víctima, Irene Romea, solicita 8 años de prisión para A. G. T. al que no solo le acusa de estafa, sino que también le considera autor de un delito de intrusismo profesional porque «carece de titulación académica ni profesional para desempeñar labores de servicios jurídicos y asesoramiento fiscal». Para G. P. F. pide seis años de prisión por estafa, además de que sea inhabilitado como abogado. Ambos cuentan con condenas firmes por hechos similares.