El futuro de la niña rechazada por sus padres adoptivos, una pareja procedente de Zaragoza, está en manos de uno de los tres juzgados especializados en Familia existentes en la capital aragonesa. Por el momento, la relación legal entre los progenitores y la menor se mantiene, ya que solo un juez puede romper dicha vinculación.

Así lo señala a este diario la abogada zaragozana y doctora en Derecho de Familia y de la Persona, Cristina Chárlez, quien apunta que el magistrado que instruya este asunto es el único con potestad de rescindir el documento de adopción, que se asemeja a un contrato. Cuando esto se produzca, la pareja habrá perdido sus derechos a ejercitar otro proceso de adopción.

Mientras se pone en marcha la maquinaria judicial el asunto está actualmente en manos de los servicios sociales autonómicos. Serán ellos los que decidan, previos informes de psicólogos y de personal especializado en menores, si se opta por una familia de acogida (que tienen una carácter provisional) o si se le mantiene en un centro de menores. Desde el Ejecutivo autonómico se ha destacado que también se le va a preguntar a la joven qué es lo que quiere hacer y, en concreto, si quiere volver a su país de origen. Una opinión que también tendrá que ser valorada por el magistrado que se encargue de este asunto, ya que «tendrá que haber informes favorables, puesto que el Estado español siempre vela por el interés del menor», destaca la letrada Chárlez.

No obstante, el Organismo Central de Recursos de Adopción (CARA) indio ha recibido una carta de Namasté, la entidad con la que la pareja zaragozana tramitó la adopción internacional, en la que se indica que la niña ha expresado su deseo de volver a su país de origen.

OFRECIMIENTO

Por otro lado, el director general del CARA indio, Deepak Kumar, reveló que «otra pareja (española), tras leer las noticias, nos ha enviado un correo electrónico afirmando que les gustaría adoptar» a la niña, que llegó a España el pasado mes de enero.

Kumar señaló que esta familia tiene un hijo propio, sin añadir más detalles, y aseveró que las autoridades de España e India aún no han tomado una decisión respecto al futuro de la niña que fue adoptada por una pareja residente en la capital aragonesa. Según el convenio que regula las adopciones internacionales, las autoridades españolas «tienen la responsabilidad de asumir la reinserción, aunque como país de origen tenemos la última palabra», afirmó Kumar.

Como publicó este diario, una prueba oseométrica realizada en Madrid habría sido determinante para confirmar las sospechas de la pareja residente en Zaragoza que rechazó a la niña por considerar que no tenía la edad acordada. Dicho test, que tendrá que volverse a realizar por un perito judicial, habría establecido la edad de la niña en al menos 13 años y no en los 7 que figuraban en la documentación remitida por la agencia de adopción Udaan, situada en el estado indio de Madhya Pradesh. Cuando lo descubrieron, la menor estaba con la menstruación.