Ninguno de los otros trece imputados en el caso Extranjería, ni los supuestos intermediarios ni los presuntos beneficiarios, admite que hiciera tratos con el funcionario de la Oficina Única de Extranjería de Zaragoza Joaquín P. A. para agilizar la tramitación de expedientes de concesión de permisos de residencia y de trabajo o para modificar su resultado.

Ayer estaban citados a declarar como imputados ante el Juzgado de Instrucción número 12 de Zaragoza cuatro de los supuestos beneficiarios de la presunta trama. Uno de ellos no compareció, otros dos se acogieron a su derecho a no declarar y el único que lo hizo aseguró que no sabías quién era Joaquín P. A. Este último sí admitió conocer a otro de los encartados, aunque negó que se hubiera producido ninguna irregularidad en su expediente.

La semana pasada declararon otros tres presuntos beneficiarios de la trama, que según las investigaciones de la Guardia Civil llegaron a pagar hasta 3.000 euros a un grupo de intermediarios que a su vez sobornarían al funcionario para que este agilizara sus expedientes o los manipulara para lograr su aprobación.

CONTACTOS Solo dos de ellos admitieron que lo habían visto en una ocasión, aunque fuera de la oficina y sin que en ese breve contacto, en el que según sus versiones estaban acompañados de amigos comunes, hablaran de la tramitación de sus permisos.

Algunos letrados de la defensa --Constanza Dufol, Ana Herrando, Celia Gil, Mariano Montaner, Juan Carlos Macarrón, José Luis Lafarga, Ángel Tejedor, José Luis Vecino, Carlos Castillo, Juan Carlos Urcola y José Antonio Salgado-- estudian presentar en los próximos días peticiones de sobreseimiento de la causa al entender que no existen indicios de delito.

Joaquín P. A., detenido a mediados de septiembre y suspendido de empleo --pesa sobre él una orden judicial que le impide acercarse a menos de 200 metros de la oficina de la calle Obispo Covarrubias--, declaró por segunda vez en el juzgado hace tres semanas.

EXPEDIENTES En un largo interrogatorio, le explicó al juez su intervención en los 19 expedientes en los que, según la Brigada de Información de la Guardia Civil, hubo irregularidades. No había participado en la tramitación de varios de ellos, y señaló que su intervención en el resto en ningún caso condicionó el resultado final.

Las investigaciones del instituto armado indican que seis de los imputados mantenían frecuentes contactos con Joaquín P. A. --ya fuera en la propia Oficina Única de Extranjería, en bares de sus inmediaciones o en otras zonas de ocio-- en los que le indicaban cuáles eran los expedientes que debía agilizar.

Posteriormente, siempre según las pesquisas de la Guardia Civil, los supuestos miembros de la presunta trama se repartían las dádivas en dinero o en especie que les entregaban los clientes. Tanto el empleado como los intermediarios negaron que realizaran ese tipo de conductas.