El pasado jueves, en la encuesta que hace la edición digital de este mismo diario, se preguntó por el sistema de presupuestos participativos desarrollado por el Ayuuntamiento de Zaragoza. El 44% estaba a favor de tal opción; el 55%, en contra. No se trataba de una consulta ceñida a una muestra representativa (ahí contesta quien quiere), pero tal resultado sí parecía significativo. Sobre todo porque conecta con la sensación de mucha gente (respaldada no obstante por no pocos analistas) de que la gestión de la cosa pública pertenece por entero y en exclusiva a los cargos electos, y estos hacen mal en pretender consultar a la ciudadanía sobre cuestiones cruciales. Los referendos no acaban de tener buena fama, y la democracia participativa es mirada con recelo, cuando no con aversión, por quienes consideran los mecanismos de representación mucho más claros y eficaces.

De esta forma, y gracias también a un cierto recelo hacia la política que proviene simultáneamente del anarquismo y del franquismo, demasiadas personas se mueven en una evidente contradicción: pretenden que los cargos electos lo determinen todo o casi todo, librando a la sociedad civil de cualquier responsabilidad a la hora de decidir lo que le conviene. Desde esta perspectiva, los políticos son a la vez sospechosos, interesados, mentirosos... y omnipotentes.

Tengo la seguridad de que los responsables de las diversas instituciones mandan mucho menos de lo que ellos mismos creen. Decisiones clave, sobre todo en el terreno de la economía, se toman al margen de cualquier ámbito público. No obstante, la política todavía es fundamental a la hora de determinar nuestro presente y nuestro futuro. Y si ha de cumplir tal función de acuerdo con los intereses y aspiraciones de la mayoría, es necesario que abra cauces a la participación social, que cierre la brecha existente entre la ciudadanía y las administraciones y que permita a la gente pronunciarse de manera más directa y específica que votando cada cuatro años candidaturas decididas previamente por los diversos partidos.

Claro que no acaba de quedar claro si el personal está por la labor. Los presupuestos participativos de Zaragoza han movilizado la opinión de unas once mil personas, que está muy bien pero sigue siendo muy poco en una ciudad de setecientos mil vecinos. Y conste que las propuestas aprobadas han sido en su práctica totalidad coherentes, interesantes y tan simples como útiles.

El 15-M, ágora de la democracia participativa, se fue diluyendo por falta... de participación. Las primarias semiabiertas de Podemos han perdido fuelle con inusitada rapidez. La ausencia de una sociedad civil organizada (el mayor hándicap de la democracia española) impide que la ciudadanía tenga verdadera voz.

Porque la participación es posible. Y podría abarcar muchos aspectos de la gestión institucional; no solo de la municipal. Vean, si no, cómo la Iglesia Católica ha logrado nada menos que determinar el destino final de una parte del IRPF. Claro que ahí topamos con una organización potente y activa. Así, sí se puede.