El coordinador del área de Servicios Públicos y Personal, Aurelio Abad, responsable de la autorización para pagar a la contrata del servicio Bizi Zaragoza 400.000 euros, admitió ayer que no había «gastado ni un segundo» en estudiar este tema. Es decir, firmó el expediente, que después se aprobó en Gobierno, sin informarse previamente y, además, un día antes de que el Interventor emitiera su informe desfavorable. Este fue el motivo por el que el Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) tuvo que recular y anular la orden de abono.

Abad explicó ayer durante una comparecencia a petición del PP que no había estado encima del tema porquse se trata de una competencia de Movilidad. Según Abad, accedieron a gestionar el tema por petición de la responsable de Movilidad, Teresa Artigas porque los técnicos de Servicios Públicos han llevado hasta esta legislatura la expansicón de la bici. Abad admitió que no había mantenido «ni una conversación en los pasillos» sobre la conveniencia de pagar los 400.000 euros que Clear Channel reclamaba al consistorio como indemnización por la pérdida de usuarios. Según Abad, que ayer recordó que era «militante del PSOE y no de ZeC», le aseguraron que el informe del interventor iba a ser favorable y, dada la urgencia, firmó el expediente un día antes. «Se trató de un error que se subsanó porque la palabra del Interventor es ley», insistió. El popular Sebastián Contín, que habló de «tomadura de pelo», pidió su dimisión. Desde el PSOE, Marta Aparicio le invitó a reflexionar si tras este acto debería seguir en el cargo.