El Instituto Aragonés de Servicios Sociales rebajó el grado de discapacidad de una niña de 14 años del 33% al 19%, y el juez, por el momento, le ha dado la razón. Se basa en sendos informes de un forense y un equipo de psicólogos que dictaminaron que muestra una "nula predisposición a colaborar" en las pruebas y que aprecian en ella una "intencionalidad simuladora".

Su madre, María del Carmen Giménez, no lo entiende. Porque de ser así, explica, la niña llevaría simulando desde los siete años, cuando sufrió un atropello de una motocicleta. Y habría engañado también a los psiquiatras que la ven cada mes.

La menor es trilliza, y ya nació con algunos problemas cardiacos y de peso. Pero nada que ver con los que le causó el accidente, en el que una moto se la llevó por delante en un paso de cebra, cuando cruzaba de la mano de su madre, y la arrastró varios metros. Giménez ya interpuso un procedimiento judicial por negligencia médica, entre otras cosas porque la enviaron a casa en seguida, antes de una operación, y tuvo que volver a toda prisa cuando la niña empezó a orinar sangre.

Desde entonces, entre otras secuelas, la menor padece un trastorno adaptativo y cognitivo, con episodios de ansiedad. Según recogen los psiquiatras del Salud que la ven cada mes, en sucesivos informes, en los últimos cuatro años ha sufrido un deterioro en el que cada vez habla menos --apenas responde con monosílabos-- y tiene pérdidas de memoria. Su rendimiento académico se ha desplomado.

"Yo no necesito informes para ver que mi hija está mal", explica la madre. "Estoy con ella en casa y veo que se desorienta, y que no se atreve a salir ni a la terraza de noche aunque esté la luz encendida", añade.

La niña tiene reconocido un grado II de dependencia, con lo que necesita atención permanente, aunque pueda valerse por sí misma. Pero su inteligencia está en los límites de la normalidad. El instituto, en el que apenas llevaba un mes, aportó también un informe en el que no apreciaba grandes problemas en la menor: explicaban que sí rendía en algunas asignaturas como educación física y música, y que su comportamiento, si bien era hosco y retraído en clase, se normalizaba con sus hermanas en el recreo.

"Tampoco entiendo cómo dicen eso", explica la madre. "Solo va con sus hermanas y una amiga que tienen, y se pasan el recreo en la biblioteca", asegura.

La mujer no quiere que le den dinero por el grado de discapacidad, ya que apenas recibe nada por los tres tratamientos médicos continuos que tiene que seguir. Pero sí lucha para que "le reconozcan lo que tiene". "El día que yo falte, la tengo que dejar preparada", explica. La decisión judicial de primera instancia ya ha sido recurrida.