La Audiencia Provincial de Zaragoza enjuició ayer a dos hombres por, supuestamente, agredir sexualmente a personas disminuídas psíquicas. Dos casos diferentes en los que los acusados, Muhammad A. y José Antonio B. P., coincidieron en declararse inocentes.

De los dos asuntos vistos para sentencia, destacó el de un joven de Tauste, quien denunció que durante más de un año había sido obligado a mantener relaciones sexuales e, incluso, a pagar a su agresor, Muhammad A., para que no se hicieran públicos los encuentros homosexuales. «Me agarraba del brazo, me llevaba al trastero y ahí me forzaba», manifestó la víctima con voz temblorosa, mientras aseguró «sufrir pavor».

Un situación muy diferente describió el procesado. Señaló que fueron consentidas, que no sabía que sufría un 42% de discapacidad y llegó a mantener que ambos tenían previsto contraer matrimonio. «Era mi pareja y lo presenté en sociedad», aseveró Muhhamad A. al mismo tiempo que reconoció que la relación entre ambos era «puramente sexual», ya que no había «mucha conversación». De hecho, declaró durante el juicio ayudado de un traductor de urdu. También afirmó que las relaciones sexuales las mantenían en un cuarto de trastero del que era propietario el denunciante.

DINERO / Los presuntos abusos sexuales continuados salieron a la luz después de que los padres de la víctima vieran que «sus cuentas bancarias estaban en números rojos», tal y como reconoció el padre. Cuando le preguntaron el por qué, el denunciante contestó que estaba siendo extorsionado y violado por una persona de Tauste. Una afirmación que ponen en entre dicho las psicólogas del Instituto de Medicina Legal de Aragón (IMLA), quienes apuntaron que el «miedo» lo tenía a sus padres porque rechazarían una relación gay. «Para nosotros, hubo consentimiento, incluso nos dijo que fue él quien rechazó realizar sexo oral, por lo que no hay manipulación emocional», concluyeron.

Un informe calificado de «esencial» por la abogada defensora, Carmen Sánchez, quien pidió que fuera absuelto. Por contra, la Fiscalía y la letrada de la acusación, María Ángeles Vera, mantuvieron la petición de 13 años de prisión. En la sala contigua de la Audiencia de Zaragoza fue juzgado José Antonio B. P. por, presuntamente, aprovecharse de la discapacidad del 33% que sufre una joven de 24 años para convencerla de que le acompañara hasta una casa situada en la carretera de Logroño, en la capital aragonesa, y allí violarla. Hechos que este hombre rechazó, si bien los forenses mantuvieron que hay indicios de delito.

Es por ello que la Fiscalía pidió 13 años de cárcel. Su defensor, Daniel Sánchez, pidió la absolución al entender que «no hay pruebas salvo dos versiones que se contradicen».