Siete de las víctimas de esta red de explotación sexual ratificaron ayer sus denuncias policiales antes el Juzgado de Instrucción número 10 de Zaragoza, cuya titular es María José Bello. Detrás de un biombo para preservar su identidad, ya que son testigos protegidos, todas ellas relataron que llegaron a Zaragoza desde Nigeria con la intención de estudiar o de trabajar y que fue en territorio español cuando esta mafia les alertó que habían generado una deuda que tenían que pagar.

Ninguna de ellas, según fuentes judiciales consultadas por este diario, señaló que la prostitución era una obligación, si bien fue la opción que les ofrecieron bajo la amenaza de realizarles vudú o, incluso, de matar a sus familiares en Nigeria. «Nos quitaban los pelos del cuerpo y los guardaban para hacer el rito (con sangre), había miedo», señaló una de estas mujeres.

A estas coacciones se añadía, tal y como apuntó una de las víctimas, las agresiones físicas. De hecho, esta joven resaltó que le pegaron en la vivienda en la que vivía y también en la plaza Roma, en el barrio de Delicias, donde ejercía la prostitución callejera.

A pesar de todo ello, estas mujeres destacaron, a preguntas de los abogados de las defensas (José Luis Melguizo, Olga Oseira, Carlos Castillo, Lorena Arbués y Eva Parra), que tenían libre disponibilidad para salir y entrar de las viviendas en las que vivían e, incluso, para hacer viajes. Otra cuestión que resaltaron es que recibían ayudas económicas de varias oenegés y que ese dinero lo destinaban directamente en el pago de las deudas, que iban desde los 15.000 euros hasta los 60.000. Del total de arrestados, todos ellos en prisión, estas mujeres quisieron defender al supuesto pastor al que acudían los domingos y que la Policía implica en la trama. Aseguraron que las defendía.