Un concejal popular de San Mateo de Gallego, Jesús Salas, y su esposa, Mercedes García, comparecieron ayer ante la Audiencia de Zaragoza acusados de estafar o apropiarse indebidamente de 27.259 euros de las cuentas de la asociación de propietarios de la urbanización El Saso en los años 2010 y 2011.

"Nos dimos cuenta de que faltaban miles de euros al ir a pagar las costas de un juicio que había perdido la comunidad", manifestó la persona que era secretario de la misma cuando se produjeron los hechos.

El modus operandi, según el fiscal y la acusación particular, ejercida por Francisco Bernad, fue la presentación al cobro de 96 cheques con cargo a las cuentas de la entidad y en los que la acusada había falsificado, supuestamente, la firma del secretario o la había obtenido mediante engaño.

La firma, según la perito caligráfica, era una imitación mal hecha, lo que no impidió que las oficinas bancarias, de Caja3 y Bantierra, abonaran los talones, que muchas veces eran por sumas de 100 o 200 euros. Por este motivo, las acusaciones pidieron la responsabilidad civil subsidiaria de las entidades financieras. Pero sus abogados, Jesús García Huici y Miguel Ángel Marqués, argumentaron que el hecho de que las firmas estuvieran falsificadas privaba de sentido a la petición de responsabilidad.

Bernad y el ministerio público aseguraron que el dinero así detraído, basado en unos gastos "sin justificar", se empleó en gran medida para el pago de una hipoteca de Mercedes García, por un importe de 95.000 euros.

Sin embargo, la mujer, que se expone a tres años de cárcel por estafa y falsedad en documento mercantil, negó todas las acusaciones y exculpó a su marido, del que dijo que era totalmente ajeno al asunto, aunque se encargó de cobrar muchos talones.

García afirmó que, al contrario de lo que sostenían las acusaciones, había tenido que poner dinero de su bolsillo en las cuentas de la comunidad "porque se estaba quedando sin fondos".

Jesús Sala, para quien piden dos años, y el abogado de él y de su esposa, Javier Osés, mantuvieron que la acusación de estafa había partido de las "presiones políticas" del cabeza de lista del PP en las municipales de San Mateo en el 2011. Pero este, Edmundo Núñez, compareció como testigo y lo negó tajantemente.

Osés mantuvo que el secretario de la asociación de propietarios tenía pleno conocimiento de los cheques, que se dedicaban a cubrir gastos de la entidad. El secretario, sin embargo, declaró que los talones se presentaban al cobro sin su autorización.

Por su parte, el fiscal quiso asegurar la culpabilidad del concejal popular. "Ha ido a cobrar muchas veces sin preguntar para qué es y luego ingresa el dinero en la cuenta de la hipoteca", señaló, tras decir que en los casos de corrupción actuales son las señoras "las que se pueden ir de naja", en contraposición a lo juzgado ayer.