La nueva Ley de Infancia y Adolescencia de Aragón, que data de 2001 y que se va a modificar para adaptarla a la normativa estatal, tiene como objetivo prioritario promover a los niños, niñas y adolescentes aragoneses como sujetos con derechos, deberes y capacidad de influir en el entorno social en el que viven.

El Consejo de Gobierno ha dado hoy el visto bueno a la modificación de la ley autonómica, reforma en la que se apuesta por un cambio institucional derivado de la transformación del sistema de protección y reforma de menores amparado en el principio de corresponsabilidad en la atención a la infancia, y en la que se potencia y prioriza la colaboración interinstitucional y la participación social, según fuentes del Ejecutivo.

Una de las principales modificaciones es la incorporación del mecanismo de evaluación del interés superior del menor en todas las decisiones que afecten a la infancia y adolescencia, al tiempo que se reconoce el derecho de los menores a ser oídos y escuchados como garantía de su pleno ejercicio.

También se incorporan en el texto normativo nuevos mecanismos de atención inmediata en los casos graves de desprotección y la transformación de los centros de observación y acogida (COA) en hogares y casas de acogida para la atención inmediata.

Por otra parte, en la ley se regulan los centros específicos para problemas de conducta, se recogen los derechos de los menores en acogimiento residencial y se establecen nuevas modalidades de acogimiento familiar, al tiempo que detalla los derechos y deberes de las familias de acogida y de los menores que están a su cargo.

Otra de las novedades es que se introducen elementos para garantizar el derecho al acceso a sus orígenes de las personas adoptadas y se introduce la figura de "guarda con fines de adopción".

Se crean también las comisiones territoriales de Protección a la Infancia y la Adolescencia y se modifica el Consejo Aragonés de Adopción para crear el Consejo Aragonés de Protección a la Infancia y a la Adolescencia.

Y también se reconoce la familia extensa (abuelos o tíos) como figura preferente en la protección de la infancia y se coloca al acogimiento familiar como medida de protección prioritaria.