La consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón, Mariví Broto, recabó ayer en el pleno de las Cortes el apoyo necesario para tramitar la reforma de la Ley de la Infancia y la Adolescencia de Aragón, pero lo hizo entre reproches por parte de la oposición de lo tarde -e incompleto- que ha llegado el proyecto.
Como recordó la diputada del PAR Elena Allué, «todavía hay 28 leyes, muchas de ellas sociales y anteriores a esta y para las que ni siquiera se ha constituído la ponencia. No va a ser posible» que se apruebe en los cuatro meses de legislatura, lamentó.
En la misma línea, otras diputadas que aceptaron la tramitación, como la popular Ana Marín o Desiré Pescador, de Ciudadanos, afearon que el proyecto ha llegado sin memoria económica -la consejera sostiene que no hace falta, porque no encarecerá los servicios- ni el informe de la Comisión de Derecho Foral, preceptivo en Aragón.
EL MENOR, EN EL CENTRO
La reforma legal, recordó la consejera Broto, parte de la ley aragonesa del 2001, que fue «pionera» en aspectos como la protección integral del menor. Pero las normas estatales del 2015 la superaron, y ahora la legislación autonómica va a adaptarse a estas.
El cambio normativo pretende ahondar y fijar el concepto del «interés superior del menor», e incrementar la participación del propio joven y su familia en las decisiones que afecten a su protección. Por ejemplo, favoreciendo el acogimiento con la familia extensa (abuelos, tíos, etc.) en lugar de una tutela externa.
Otros cambios que apuntó Broto, y que tendrán que recibir el visto bueno durante la tramitación, pasarían por crear lugares de acogimiento más personalizados para los menores que lo necesiten, eliminando el actual concepto masivo de los centros de observación y acogida; sí habría recursos específicos, apuntó, para menores con graves problemas de conducta.
Otras reformas pasarían por la transformación del actual Consejo Aragonés de Adopción por el Consejo Aragonés de Protección de la Infancia, y en cualquier caso las decisiones que se adopten serán «siempre colegiadas», adoptadas entre varios profesionales.
En esta ley se incluiría también, según aprobaron las Cortes, un apartado específico para la creación de la Defensoría del Menor, integrada en el Justicia de Aragón, que se adoptará a través de una enmienda al texto, previsiblemente conjunta.
