El colectivo Marea Naranja y, principalmente, el Espacio de Información, Promoción y Defensa de los Derechos Sociales --creado hace un año-- volvió a denunciar ayer, a las puertas del edificio Pignatelli, la demora de la Administración en el pago de prestaciones correspondientes a la Atención a la Dependencia y al Ingreso Aragonés de Inserción (IAI).

El colectivo presentó un escrito dirigido a la presidenta del Gobierno aragonés, Luisa Fernanda Rudi, acompañado de un listado de 500 expedientes correspondientes a personas "que no están disfrutando de su derecho reconocido a recibir las atenciones que por ley les corresponde" en base a la situación de dependencia que padecen. "La relación que presentamos es solo una muestra elaborada con personas que han querido hacer pública la falta de respuesta por parte del Gobierno de Aragón a recibir resolución de su Programa Individual de Atención (PIA)", indicaron desde el colectivo.

En este sentido, denunciaron la existencia de personas con grado reconocido a las que no se les ha hecho efectivo el pago, otras que no tienen elaborado el PIA y a otras a las que no les ha sido ratificado por el IASS. "Resulta injusto e incomprensible que el Gobierno de Aragón incumpla una ley aprobada en las Cortes por amplia mayoría, lo que traslada a la ciudadanía una falta de respeto a las leyes democráticamente aprobadas", expuso Ana Carralanga, miembro del Espacio de Información, Promoción y Defensa de los Derechos Sociales.

EL INGRESO Los retrasos en el pago del IAI también acapararon parte de la concentración que se llevó a cabo frente a la sede del Gobierno de Aragón. "Queremos decirle a Rudi que su ley del IAI tiene esperando a mucha gente en una situación difícil porque la Administración no está cumpliendo", expusieron los afectados, que cifraron en "más de 1.000" los expedientes "tramitados y fiscalizados" que no se están poniendo en marcha.

Carralanga, además, mostró su desconfianza acerca de los cambios en la reforma de la ley prometidos desde la consejería de Sanidad. "Lo que cuenta es que más de 6.000 personas se van a quedar fuera de la prestación por culpa de las modificaciones que pretende la Administración y por no cumplir los requisitos que quieren imponer"

Los encuentros mantenidos por el Ejecutivo con los colectivos sociales ofrecen "algo de esperanza" a los afectados de cara a que la consejería sea "consciente de la barbaridad que había redactado" y aspiran a que "les entre la cordura y comiencen a pensar un poco más en los ciudadanos".

La reforma ha quedado aplazada hasta después del verano aunque el PP aspiraba a abordarla en el próximo pleno