El último decreto contra los desahucios, hecho en colaboración por el Poder Judicial, el Gobierno de Aragón y la Federacion Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP), está generando un efecto inesperado de parálisis en la valoración de los casos, en cuanto al riesgo de exclusión social. Un bloqueo que no suspende el procedimiento, por lo que los desalojos se siguen produciendo.

Así lo denunció Stop Desahucios, que el viernes se volvió a concentrar ante la sede del Gobierno de Aragón. Según fuentes de la plataforma, el cambio radica en que en el nuevo decreto se ha introducido el concepto de la buena fe del deudor, que figuraba en la ley de Emergencia Social.

Esta buena fe se traduce, por ejemplo, en que haya sufrido una circunstancia sobrevenida que le impida pagar el alquiler o la hipoteca, como quedarse sin empleo. Esto es un requisito para poder acogerse al realojo que marca el decreto, y por tanto al alquiler social.

Esto genera dos problemas, según Stop Desahucios: que muchos que ya están en situación de precariedad, simplemente no pueden pagar con un mínimo imprevisto, y también que ni Servicios Sociales ni Vivienda se hacen cargo de esta nueva valoración, con lo que los casos (incluso los ya valorados como vulnerables antes) están paralizados.

El viernes lograron paralizar un desahucio inminente, pero tienen dos esta semana.