El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el proyecto de Ley de Ingreso Aragonés de Inserción (IAI), que mantiene entre sus objetivos la inclusión social e incluye, como novedad, que puedan acceder a estas ayudas personas que han perdido su empleo y agotado las prestaciones y subsidios.

El consejero aragonés de Sanidad, Bienestar Social y Familia, Ricardo Oliván, ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que el objetivo de la ley es adaptar el IAI a la realidad socioeconómica en la que han surgido colectivos que no están excluidos socialmente pero sí laboralmente al perder el empleo y precisar de una renta mínima para atender sus necesidades básicas mientras buscan trabajo.

Oliván ha insistido en que este colectivo estaba excluido de la normativa del Ingreso Aragonés de Inserción actual, que data de 1993, cuando la situación económica era diferente y se concentraba exclusivamente en personas excluidas socialmente.

De esta forma, con la nueva ley habrá dos itinerarios de inserción para favorecer la inclusión social y laboral de estos dos colectivos, con un continuo seguimiento de la administración.

Otro de los objetivos de la ley es equiparar la norma aragonesa a la de las comunidades limítrofes para evitar el "efecto llamada", ha dicho Oliván, de forma que fija como intervalo de edad de los beneficiarios de la prestación entre los 25 y los 65 años.

También podrán serlo menores de 25 años que tengan a su cargo menores o discapacitados, procedan de instituciones de tutela a menores o sean huérfanos de padre y madre, así como mujeres víctimas de violencia doméstica y mayores de 65 que no perciban pensión no contributiva.

Asimismo, se establece en dos años el periodo de empadronamiento y residencia legal para ser titular de la prestación, como en las comunidades limítrofes.

Lo mismo ocurre para los solicitantes extranjeros, que deberán acreditar dos años de residencia legal e ininterrumpida en España para poder recibir la prestación.

Estos requisitos no se exigirán a las mujeres víctimas de la violencia doméstica ni a quienes hayan sido objeto de acogimiento familiar o procedan de instituciones de protección de menores.

Oliván ha resaltado además el "control exhaustivo" que habrá en todo el proceso del IAI, desde las solicitudes al cobro y seguimiento de cada perceptor mensualmente con el objetivo de determinar si los usuarios cumplen con los requisitos que les hicieron ser beneficiarios, algo que no ocurre con la normativa actual y que ha dado casos como el de un perceptor que lo cobraba mientras trabajaba en el extranjero.

Entre otras obligaciones, los beneficiarios no podrán ejercer la mendicidad, como hasta ahora, y como novedad, no podrán rechazar un puesto de trabajo.

En el caso de que el salario sea inferior al IAI -tiene una asignación mínima de 441 euros y máxima de 621,26 euros al mes-, seguirán siendo beneficiarios de la cantidad restante.

Oliván ha explicado que si los perceptores encuentran un empleo de muy corta duración, tendrán que iniciar otra vez los trámites pero la ley prevé su agilización a través de "Social informa" y las solicitudes se responderán en el mínimo tiempo posible, que no ha especificado.

No obstante, ha agregado, la ley deja un margen para la interpretación, ya que puede haber alguna oferta de empleo "imposible" de aceptar, algo que podrá evaluar la administración.

Oliván ha remarcado la "apuesta clara" del Gobierno de Aragón por hacer llegar a los ciudadanos que más lo necesitan una prestación para atender las necesidades básicas, porque se trata de "comer y vestirse", con un aumento presupuestario, de 6,5 millones de euros en 2011 a 28 millones este año, lo que ha supuesto pasar de una media de 761 perceptores al mes en 2009 a 4.437 en 2013.

Con la normativa actual, a enero de este año, el número de perceptores era de 5.775 personas, si bien Oliván no prevé un colapso del IAI con la apertura de un segundo itinerario al estimar que el presupuesto destinado para este año es suficiente para atender las dos vías.

Asimismo ha apuntado que no se ha calculado cuántas personas podrían dejar de percibir la prestación ni cobrarla con la nueva normativa porque dependerá de las solicitudes.