Los municipios mineros de Aragón llevan diez años sin recibir ni un solo euro de los fondos para construir infraestructuras que contemplaba el Plan de Carbón 2013-2018. Tras repetidos retrasos e incumplimientos por parte del Gobierno central, tanto con el PP como con el PSOE, el Ministerio para la Transición Ecológica se ha propuesto relanzar antes de final de año 14 de los 27 proyectos que fueron prioridades al amparo de estas ayudas por acuerdo de los gobiernos de Aragón y España. Se trata de inversiones que ascienden a 6,4 millones de euros -el 25% a cargo del Ejecutivo autonómico- y que generarían cerca de un centenar de puestos de trabajo, según informaron a este diario fuentes del ministerio.
Entre las iniciativas que podrían desbloquearse destaca la ampliación del balneario de Ariño, que supone la mayor inversión (3,7 millones) y crearía 27 puestos de trabajo. También figura un camping de segunda categoría en Estercuel, mejoras en un polígono industrial de Calanda, el acondicionamiento de accesos a la zona industrial de alabastro de Albalate del Arzobispo o la ampliación de la residencia de esta última localidad. En Andorra se localizan otras dos actuaciones: una en el centro de interpretación de la cultura Íbera y otra en la red de saneamiento.
UN PROCESO COMPLEJO
El proceso a seguir para desatascar definitivamente la construcción de estas obras no es sencillo porque, entre otras razones, los presupuestos del Estado siguen prorrogados desde el 2018. Esto pondrá a prueba la voluntad política del Ejecutivo central y del autonómico en un momento en el que la prioridad del gasto público está en la crisis sanitaria y económica provocada por el coronavirus. El departamento que dirige la ministra Teresa Ribera y la consejería de Industria de la DGA que lidera Arturo Aliaga trabajan de la mano en este cometido. Si lo materializan con éxito, se lograría paliar en parte el parón al que está abocada la comarca de Andorra y su entorno en los próximos meses por el cierre de la térmica en próximo 30 de junio y el retraso del inicio de las obras de desmantelamiento de la central.
Para llegar a tiempo y que esos 14 proyectos logren tener financiación este mismo año, Transición Ecológica ha instado al Ejecutivo de Javier Lambán a iniciar la tramitación administrativa de los proyectos, al tiempo que desde Madrid se tratará de lograr la autorización del Ministerio de Hacienda para sufragar las actuaciones, algo que en principio no presenta obstáculos según los contactos previos mantenidos.
Eso sí, una de las condiciones para desbloquear los fondos Miner es que la DGA dote una partida en sus presupuestos para asegurar que se hará cargo del 25% de las inversiones, una medida que el consejero Aliaga ve a priori con buenos ojos. El 75% restante lo asume el Estado.
RETRASOS Y RECORTES
Una vez completados los procedimientos requeridos por ambas partes, el ministerio -a través del recién creado Instituto de Transición Justa- y el Gobierno de Aragón firmarán convenios para cada uno de los proyectos, algo que se prevé hacer el próximo otoño, lo que permitiría iniciar las obras antes de que finalice el año.
Los otros 13 proyectos priorizados en el 2018 deberán esperar a obtener financiación en los próximos años. La fecha limite para la ejecución de todas estas actuaciones es el 2023.
El retraso de la ayudas Miner es una de las asignaturas pendientes de resolver en los territorios afectados por el cierre de la industria del carbón. Inicialmente, el Plan del Carbón 2013-2018 contemplaba más de 30 millones de euros para financiar infraestructuras en municipios mineros de Aragón, una cifra que el Gobierno de Mariano Rajoy recortó en más de un 60%. A finales del 2018, el presidente Javier Lambán y el entonces ministro de Energía, Álvaro Nadal, pactaron impulsar finalmente 27 proyectos con una inversión total de 12 millones de euros. En los dos años de Ejecutivo del Pedro Sánchez tampoco se han puesto en marcha ninguna actuación culpando de ello a la falta de presupuestos, la interinidad del gobierno y la repetición de elecciones, un retraso al que de nuevo se pretende poner fin.
FINALIZA EL PROCESO PARTICIPATIVO PARA EL CONVENIO DE TRANSICIÓN JUSTA
El Ministerio para la Transición Ecológica ha recibido un total de 99 propuestas de inversión en Adorra dentro del proceso participativo abierto para la elaboración del convenio de transición justa de la zona, que se cerró hace diez días., según fuentes del departamento que dirige Teresa Ribera. Entre las iniciativas planteadas destacan las vinculadas a las energías renovables, como instalaciones de eólica, fotovoltaica y biomasa. También figuran proyectos para la restauración de minas de carbón y uno ligado al uso no energético de este mineral que correspondería a la fábrica de fertilizantes con leonardita que promueva Samca en Ariño. Otras de las propuestas están relacionadas con el turismo, la economía circular, la innovación agrícola y ganadera, la gestión de residuos o la atención sociosanitaria.
