El pleno municipal se convierte en un parlamento local y se queda con competencias básicas; la mayoría de las decisiones de gestión ya no son suyas, sino de la Junta de Gobierno Local y de Gerencia de Urbanismo. Lo que le queda al pleno es la aprobación de los presupuestos, del planeamiento, de las ordenanzas y de cualquier cambio que se quiera introducir en la forma de gestionar los servicios. Por ejemplo, si el alcalde decide privatizar el agua, tendrá que someterlo al pleno. Pero si diseña un plan millonario de tuberías, no tendrá que consultar.