La industria del carbón en Teruel camina hacia su desaparición, aunque no está tan claro cuál será el año de su defunción definitiva, si el 2020 o el 2025. Pase lo que pase, el futuro de los 115 mineros (plantilla propia) que quedan en activo en esta provincia -103 en Samca y 12 en Compañía General Minera- está asegurado gracias a las prejubilaciones y bajas incentivadas del nuevo plan para la reconversión del sector y de las comarcas mineras. Las bases de esta hoja de ruta final están recogidas en el preacuerdo que han alcanzado el Gobierno central y los sindicatos para una transición justa de la minería del carbón y el desarrollo sostenible de las zonas que viven de este mineral durante el período 2019-2027.

El documento, firmado a última hora del pasado martes por CCOO Industria, UGT-FICA y el Ministerio para la Transición Ecológica, garantiza que no haya salidas traumáticas. Para ello, se ha diseñado un plan social que contempla bajas indemnizadas para los trabajadores con la condición de plantilla propia anterior a 31 de diciembre del 2017 y prejubilaciones para los que tengan al menos 48 años de edad equivalente o 25 años de cotización en el Régimen Especial de la Minería del Carbón. También puede acceder al retiro los que tenga 20 años trabajados en empresas mineras. Esta situación supone que pueden producirse retiros anticipados a los 40 años reales. Los prejubilados percibirán un 72% del salario bruto mensual.

RECOLOCACIONES

Los trabajadores de las contratas de las minas (130 en Teruel), que no tienen derecho a prejubilación, podrán optar por la recolocación en aquellas empresas mineras que continúen con su actividad a partir del 2019, algo que solo tiene previsto hacer en España la turolense Samca (sin contar la pública Hunosa), que debe devolver para ello 7 millones de euros de ayudas. Además se consideran excedentes a los trabajadores que hayan prestado servicio en auxiliares de la matrices mineras.

Para estos trabajadores excedentes se articularán con las comunidades autónomas «su participación prioritaria en las actividades de restauración que se faciliten con las ayudas previstas en este acuerdo, con la normativa que se establezca para apoyar los proyectos de rehabilitación contenidos en el plan para la restauración de explotaciones en comarcas mineras 2018-2023». Además, se fijará uno de los criterios prioritarios para acceder a la financiación pública la recolocación de estos trabajadores.

REACTIVACIÓN Y FORMACIÓN

El acuerdo también recoge un plan urgente de actuación estará dotado de 1.250 millones de euros e incluirá actuaciones de restauración de explotaciones, de desarrollo de energías renovables y transición, y la elaboración de contratos de transición justa para comarcas afectadas por el cierre de las minas «con el objetivo de crear y fijar en empleo a medio y largo plazo».

En materia formativa y a fin de facilitar la búsqueda de nuevos empleos en los distintos ámbitos industriales y energéticos se acuerda la puesta en marcha de un plan dirigido hacia las necesidades que tengan las nuevas industrias y proyectos empresariales que se vayan a implantar en las comarcas afectadas.