En el 2026, todos los pueblos del Pirineo contarán con una planta de depuración de referencia. Este es el «compromiso político» con el que ayer nacía el nuevo plan integral de depuración 2019-2026 anunciado por el presidente aragonés Javier Lambán en el pasado debate sobre el estado de la comunidad. El Consejo de Gobierno ponía ayer la primera piedra: una inversión prevista de más de 120 millones de euros en ocho años dedicada solo a la construcción de nuevas plantas y un «margen amplio de ahorro» que ahora es imposible de estimar porque cualquier cifra sería «especulativa».
El impulso político se convierte en una doble vía de financiación de estas obras que rebajaría en mucho el anterior plan de depuración, cuyo coste global alcanzaba los 313 millones de euros y que el Gobierno autonómico ya ha liquidado con la rescisión de todas las concesiones adjudicadas en las cuatro zonas de actuación. «Sin indemnización» a las empresas, aseguró ayer el consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, Joaquín Olona, se ha podido finiquitar esa liquidación por «unos 5 millones de euros» para dejar la vía expedita a la Administración pública para poder emprender proyectos que antes, dijo, estaban «sobredimensionados».
Esas dos vías de inversión serán: una directa, dotada con 74,3 millones de euros para ejecutar la DGA hasta 19 depuradoras entre el 2019 y el 2024, todas ellas para atender a una población equivalente de más de 1.000 habitantes; y otra de subvención del 100% del coste, en la línea de la que ya se vienen prestando desde hace dos años, para ofrecer a los municipios que emprendan esa construcción y que ahora no la tienen, con una cuantía de 46,3 millones y un margen temporal que se prolongará hasta el 2026.
En el primer apartado, entrarían 19 nuevas plantas de depuración en: Ansó, Astún, Candanchú, Canfranc estación, Canfranc pueblo, Castiello de Jaca, Hecho-Siresa, Villanúa, El Pueyo de Jaca-Escarrilla-Tramacastilla-Sandiniés-Panticosa, Piedrafita de Jaca, Sallent-Formigal, Aínsa, Boltaña, Broto-Oto, Torla, Fiscal, Bielsa, Cerler y Benasque-Anciles. Todas se ven «prioritarias» y las construirá el Instituto Aragonés del Agua (IAA). El resto dependerá de la iniciativa municipal, sus necesidades y dimensionamiento. Pero antes había 250 y ahora se prevé que «sean menos».
Pero «sería un error» pensar, remarcó Olona, que esos 120 millones de euros supongan un ahorro de más de 180 con respecto al sobredimensionado plan anterior. Porque la clave de ese futuro ahorro está en que el del pasado incluía la gestión y explotación de la planta por una concesionaria que ya no estará. Todos los municipios podrán elegir entre asumir esa labor o confiársela al IAA, que solo proporcionará el primer año de funcionamiento. Y según cómo quede la foto final se podrá calcular la rebaja.
Lo que no aclaró Olona es si ese ahorro se aplicará al impuesto de la contaminación de las aguas (ICA). Calculado sobre ese esfuerzo inversor, solo habló de esas «necesidades que abordar».
