Algo está pasando en los pisos vacíos de Zaragoza que nadie, ni la Administración ni los expertos del sector inmobiliario, se atreven a definir con rotundidad pero sí alertan de que quizá la realidad social vuelve a superar al pulso de la política y pone de relieve un problema cadente que conviene prevenir o atajar. El caso del bloque de pisos de la calle Gil Berges, a pocos metros de la Audiencia Provincial o el Coso zaragozano, rompe con el esquema tradicional de la emergencia habitacional, aquellos casos de familias desahuciadas por los bancos o por particulares por el impago de los compromisos económicos, que carecen de alternativas para tener un techo bajo el que dormir. Apunta más bien a una fórmula más profesionalizada y más visible, en pleno centro de la ciudad, en la que incluso se llega a negociar con la propiedad el precio de su salida.

Esto está ocurriendo con inmuebles, además, que con la recuperación del mercado, se están revalorizando y que en algunos casos planean una salida inminente tras muchos años de deterioro o abandono. Lo único cierto al 100% es que casos como el denunciado por EL PERIÓDICO, ya resuelto el pasado viernes, ni son puntuales ni aislados.

EL CASO DE FINCAS ATLANTA

No obstante, la usurpación de viviendas tiene múltiples manifestaciones en Zaragoza y ejemplos como este no se parecen a los de una situación de emergencia habitacional de familias no conflictivas que tratan de buscarse la vida y la invisibilidad. Este otro tipo está protagonizado por personas problemáticas -muchas veces relacionadas con actividades delictivas como el tráfico de drogas- que generan inseguridad ciudadana, como ha pasado en Gil Berges, en el que los okupas entraron con llaves y se fueron en taxi. En la capital aragonesa no existen apenas estudios ni datos oficiales que ayuden a entender la situación actual, pero la inquietud por este asunto es palpable en varios barrios de la ciudad, como lo reflejan las numerosos denuncias recibidas por este diario en la última semana.

Las estadísticas judiciales dan pocas pistas sobre la magnitud a nivel local de este delito, conocido en términos jurídicos como usurpación. El número de condenadas en Aragón marcó su máximo en el 2016, con 230 penados, muy por encima de los dos años anteriores (36 en el 2015 y 53 en el 2014), según el Instituto Nacoinal de Estadística (INE). En el 2017, la cifra bajó a 130. El número de denuncias se multiplica por cinco, ya que solo uno de cada cinco casos investigados acaba con castigo, según un estudio de VPS, empresa especializada en sistemas antiokupas.

SOLO ANTE EL PELIGRO

A pocos minutos a pie de Gil Berges, en el entorno del antiguo cuartel de Pontoneros, la cara más oscura de la okupación campa a sus anchas ante la incapacidad de las administraciones y las fuerzas de seguridad de poner coto al problema, según denuncia el colectivo vecinal Calles Dignas, que lucha por la regeneración de esta zona degradada. Este grupo asegura que hasta tres edificios de la calle Pignatelli -los situados en los números 43, 67 y 76, alguno de ellos catalogado-, están tomados en exclusiva por inquilinos ilegales «muy conflictivos». Estos generan continuos episodios de violencia, vandalismo y delincuencia. «No hay semana que no pase algo», se lamentan, al tiempo les acusan de vender droga.

Los inmuebles pertenecieron a Fincas Atlanta, una polémica inmobiliaria que antes de quebrar estaba especializada en la rehabilitación de viviendas, un negocio en el que solía recurrir al «acoso inmobiliario» para hacer con inmuebles que le resultaban apetecibles, afirman desde este movimiento ciudadano. «Metían a idea a gente conflictiva y así empezó el problema», explicaron. Ahora no se sabe con certeza de quién son propiedad todos estos pisos, aunque desde Calles Dignas dan por hecho que pertenecen al sector bancario y que sus propietarios no han denunciado siquiera la usurpación, ya que la situación está enquistada desde hace años, como ocurre en otros inmuebles de este entorno.

Cerca de esta zona, en la céntrica calle Azoque, en el número 58, lo ocurrido hace solo unos días ha sorprendido al único habitante del bloque. El pasado 22 de junio dejó temporalmente su piso de alquiler por las humedades que llevaba meses sufriendo tras la tromba de agua caída el 31 de octubre. A la espera de que el seguro se lo solucionara, se enteró el pasado día 9 que un grupo de personas habían tomado tres de las plantas del edificio, habían entrado en su casa destrozándole la puerta y la habían desvalijado por completo. No era un simple robo. Todos sus muebles adornan hoy las viviendas okupadas del bloque, que llevan dos años vacías y están en manos de Solvia, del Banco Sabadell, empresa con la que él mantiene su contrato de arriendo.

La visibilidad desde la calle de esa okupación, la rapidez con la que han actuado y la indefensión para el único habitante del bloque marcan un nuevo caso de este otro modelo que acecha el centro de Zaragoza. La solución para él es complicada, mientras se demuestra la ostentación con la que se ha tomado el inmueble, con las ventanas abiertas de par en par y ruido por la noche que ya genera conflictividad con el entorno. «Parecen interesados en que se sepa que están ahí», asegura un vecino del entorno.

Otra de las zonas marcadas en el mapa de esta otra okupación es la avenida Goya, una de las grandes arterias de la ciudad, donde el alquiler o la venta no son especialmente asequibles pese a la crisis. En el número 91, próximo a la avenida Valencia, un bloque de viviendas que pertenece al jefe de una conocida marca de hostelería está tomado. En marzo de 2016, el ayuntamiento le aprobó su propuesta para implantar una altura más. Tres años después, su aspecto es decadente. Desde la calle se puede ver que las ventanas están entreabiertas, en malas condiciones y con grafitos. La puerta principal está abierta, todo el mundo puede entrar, y los timbres destrozados.

PIRAÑAS EN EL BARRIO JESÚS

Los carteles de se vende crecen proliferan en los portales cercanos, supuestamente por los incidentes que la okupación ya ha provocado. En septiembre del 2018, dos hombres, uno menor de edad, que residían ilegalmente aquí fueron detenidos por agredir y amenazar de muerte a otra persona que quería acceder al inmueble. Y en marzo de este año, otro okupa prendió fuego al piso donde vivía con su pareja. Los Bomberos y la Policía pueden intervenir en estos casos pero no desalojarlos, ya que para ellos hace falta una orden judicial.

En otras zonas, como el Barrio Jesús, los residentes están preocupados por el interés de empresas promotoras y constructoras de vivienda en adquirir suelo o inmuebles muy degradados en sus céntricas calles. Es hoy una de las zonas más revalorizadas. «Las pirañas están esperando para entrar en el barrio». Así describía un vecino esta semana a este diario el temor que existe allí. El derrumbe de parte del edificio situado en la calle Estación número 8, en el que había varios pisos okupados, ha puesto el foco en un entorno donde la usurpación de viviendas vacías va más allá de esta finca.

Hay bloques enteros con importantes deterioros que, aunque nadie lo confirma, se cree que se arriendan a personas de forma irregular por un alquiler minúsculo. La convivencia es buena de puertas para fuera pero «insostenible en el seno de las comunidades de vecinos», aseguran en el barrio. Ya se han detectado tres bloques de pisos más aparte del de la calle Estación y su solución es tajante: «igual deberían plantearse exigir tapiar las propiedades abandonadas o directamente derruir las que amenazan ruina».

El problema siempre es el mismo, separar el grano de la paja, entrar caso a caso y atajarlo de raíz. Pero, ¿qué pasa si, como aseguran residentes de la zona, ha habido empresas o particulares interesados en la compra a los que se les ha declinado la oferta? La respuesta, que nadie les da pero que se les ocurre, es que quizá la recuperación económica y del sector influye mucho en eso. Durante años, la crisis económica devaluó tanto los suelos e inmuebles de Zaragoza que no interesaba malvender esas propiedades. Y ahora que todo remonta y esas propiedades, en el corazón de Zaragoza, valen más, son más valiosas como suelo en el que edificar viviendas de nueva planta que para rehabilitar por completo y subsanar tanto deterioro. ¿Y si hay otras empresas interesadas en que esas propiedades valgan menos? Las dudas son consecuencia de un cambio de paradigma que se ha fijado en el centro.