Las presuntas irregularidades en las cuentas de la parroquia de Borja fueron evidentes antes al propio obispado de Tarazona que a la Justicia. En el 2013, tras descubrirse que faltaban 9.000 euros, la diócesis ordenó que, para disponer de fondos, fuera obligatoria una segunda firma o firma mancomunada, según señaló ayer Aragón Televisión, citando fuentes del atestado de la Guardia Civil. Además, el obispo llegó a presentar una denuncia por el asunto, que luego retiró.
El párroco, Florencio Garcés, que está apartado de sus funciones mientras se sustancia la causa, está acusado de la apropiación indebida de 185.000 euros, además de un delito de carácter sexual. Sin embargo, el obispo de Tarazona, en su declaración ante la jueza que lleva el caso, ya manifestó en diciembre pasado, que la Iglesia no se considera lesionada en sus intereses por la gestión realizada por el sacerdote de Borja y no piensa iniciar acciones legales contra él.
La firma mancomunada, impuesta a partir del verano del 2013, implica que han de ser dos personas las que firmen la extracción de cualquier suma de las cuentas bancarias de la misma diócesis.
El abogado Sergio Pérez, que defiende a los cinco miembros de la familia Zapato Veloz acusados de extorsionar al párroco, la obligación de la doble firma no se instituyó como una forma de vigilar a Florencio Garcés sino como una medida para incrementar la seguridad de las transacciones.
Según los testigos del caso, que en algunos casos se han retractado o han dicho haber actuado bajo coacciones, la familia Zapato Veloz extorsionaba al párroco con la amenaza de hacer pública una supuesta foto en la que aparecía, presuntamente, con una mujer semidesnuda.
La instrucción seguirá la semana que viene con la toma de declaración a cinco testigos, después de que la Guardia Civil de Borja denunciara por calumnias a la primera persona que puso el hecho en conocimiento de las autoridades.
