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PUGNA JUDICIAL POR EL PATRIMONIO RELIGIOSO

El obispo de Barbastro asegura que ha hecho "todo lo que tenía que hacer" para recuperar los bienes

Los bienes están tasados por un valor que supera los 8 millones de euros. La diócesis aragonesa trata de recuperar 111 piezas retenidas en Cataluña

 

El obispo de Barbastro-Monzón, Ángel Pérez. - JAIME GALINDO

EL PERIÓDICO
16/05/2019

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Comienza el juicio civil por los bienes altoaragoneses.

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El obispo de Barbastro-Monzón, Ángel Pérez, ha asegurado este jueves, antes de entrar en el juzgado donde se resolverá el litigio con la Diócesis de Lérida por los 111 bienes de las parroquias aragonesas, que ha hecho "todo lo que tenía que hacer" para recuperar las piezas.

Ante los numerosos medios de comunicación que esperaban a las puertas de los juzgados de Barbastro, el prelado ha admitido que la decisión de recurrir a la jurisdicción civil ha sido "triste" y que "no hubiera deseado llegar a este punto", pero ha destacado a renglón seguido su disposición a "darlo todo" por su diócesis.

Ha recordado que interpuso la demanda en representación de 44 comunidades cristianas de su diócesis para recuperar su patrimonio histórico artístico.

Según ha explicado, ha hecho "todo lo posible" para que de manera dialogada se pudiera haber llegado a un acuerdo, y ha tratado de que este litigio hubiera sido "una oportunidad para el diálogo y la colaboración entre las diócesis".

"No ha podido ser -ha añadido el obispo- pero yo creo que a los pobres también nos asiste la justicia, y es a la que apelamos y en la que confiamos".

COMPARECENCIA DE LOS OBISPOS DE BARBASTRO Y LÉRIDA

Los obispos de las diócesis de Barbastro-Monzón, Ángel Pérez, y de Lérida, Salvador Giménez, comparecen hoy ante un tribunal de justicia para tratar de resolver un pleito que se inició hace casi 25 años, con el decreto vaticano de ajustes de los límites diocesanos a los políticos y administrativos, sobre los bienes de la Franja. En este primer juicio civil entre dos diócesis, Aragón reclama a Cataluña la propiedad de 111 piezas del patrimonio histórico-artístico de las parroquias adscritas al obispado altoaragonés y que están, actualmente, bajo custodia del museo diocesano de Lérida.

La vista oral ha comenzado hoy, a las 10.00 horas, en Barbastro con la comparecencia de Ángel Pérez y Salvador Giménez. La demanda civil interpuesta por el Obispado de Barbastro fue dirigida inicialmente contra el consorcio del museo leridano, donde permanecen las piezas reclamadas desde Aragón, aunque finalmente ha implicado a la diócesis catalana al plantear su titular de forma sorpresiva que 83 de las piezas eran de su propiedad.

Esta afirmación contradice las tres resoluciones dictadas por los tribunales superiores vaticanos entre 1995 y 2008 para instar la devolución de los bienes a Aragón como sus legítima propietaria, pero también el reconocimiento de anteriores obispos de Lérida de la propiedad aragonesa de los bienes.

LÉRIDA RECLAMA 83 PIEZAS

Ante esta situación, a la demanda central del Obispado de Barbastro para exigir la devolución de los bienes se suma la planteada por la Diócesis de Lérida para reclamar la propiedad de 83 de las piezas, las más valiosas, y la interpuesta por el consorcio para exigir los gastos de conservación de los bienes en el caso de ser devueltos.

Barbastro-Monzón cuenta con la presencia, como parte coadyuvante, del Gobierno de Aragón, mientras que la Diócesis de Lérida y el consorcio esperan una decisión de última hora del juez para integrar en el procedimiento a la Generalitat de Cataluña.

Se trata de un enfrentamiento «insólito» entre dos diócesis por la propiedad de unos bienes sobre los que decidió la Santa Sede. Llegados a este punto, el titular del Juzgado de Primera Instancia nº1 de Barbastro deberá resolver una cuestión en torno a unos bienes tasados por el conservador del museo de Lérida en más de 8 millones de euros, que previsiblemente llegará al Tribunal Supremo.

Sobre el proceso pesa la sombra de lo ocurrido con las piezas del monasterio de Sijena, cuyo traslado ordenaron los tribunales oscenses con el auxilio de la Guardia Civil ante la negativa de Cataluña de facilitar la devolución. Esto motivó que la DGA presentara una querella criminal contra los exconsejeros catalanes de Cultura Santi Vila y Lluis Puig por presuntos delitos de desobediencia y que retiró después.