La Audiencia Nacional frenó de golpe la ejecución del embalse de Santaliestra al fallar a favor del ayuntamiento de la localidad en su recurso contencioso-administrativo contra el proyecto de construcción de la presa.

El recurso municipal se presentó en 1997, poco después de la resolución del Gobierno central de 26 de mayo que supuso la aprobación técnica definitiva del proyecto del embalse y del expediente de información pública. La Audiencia anuló esa resolución del Ejecutivo, lo que significó la paralización indefinida de los trabajos, nunca reanudados.

De hecho, la obra en sí no se había iniciado, pese a que estaba adjudicada desde diciembre del 2000. En esos meses se habían llevado a cabo sondeos en la zona para descartar riesgos de estabilidad en la cerrada de la presa.

Tanto el Estado como los regantes del Canal de Aragón y Cataluña (beneficiarios de la actuación) recurrieron esta decisión, sobre la que no ha habido avances posteriores. En julio del 2002, hubo otro mazazo judicial a la obra, porque el Tribunal Supremo anuló el acuerdo tomado por el Consejo de Ministros para la urgente ocupación de los terrenos afectados.

El consistorio también planteó una querella criminal contra varios exaltos cargos del Ministerio de Medio Ambiente, que ha dado lugar a un proceso judicial en el que los implicados están acusados de prevaricación, infidelidad en la custodia de documentos y falsedad.