Vuelven a la carga las bandas especializadas en el timo de los secuestros virtuales. En las últimas semanas hasta ocho zaragozanos han recibido una llamada en su móvil procedente de un teléfono oculto en la que se alertaba de un rapto cuyo final feliz va unido al pago de un rescate. Esta práctica había caído en desuso después de que la Brigada Regional de Policía Judicial de Zaragoza en el año 2017 desarticulara una banda organizada que operaba desde Chile.
Gracias al conocimiento de la ciudadanía del modus operandi utilizado por los estafadores, no se ha producido ningún engaño. Si bien la Jefatura Superior de Policía de Aragón considera oportuno alertar a la población e indicarle cómo debe proceder en caso de recibir una de estas llamadas maliciosas. La estafa telefónica se basa en el supuesto secuestro virtual, es decir, simular el rapto de un familiar o persona allegada para solicitar el pago de una cantidad de dinero para la supuesta liberación. Los falsos secuestradores pueden llegar a obtener datos del entorno familiar de la víctima en las redes sociales para tratar de dar verosimilitud a la llamada.
El objetivo de los estafadores es convencer a la víctima de que el secuestro se ha producido en realidad. Para ello utilizan amenazas, presiones y hasta llegan a poner al teléfono al supuesto secuestrado para que, entre lamentos, reclame el pago del dinero (hasta 6.000 euros han llegado a exigir) para evitar que le hagan daño. El supuesto secuestrado habla poco y muy alterado con el objeto de dificultar a la víctima reconocer la voz, dado que en realidad se trata de una grabación o de un colaborador de los estafadores.
AMENAZAS / La llamada bajo amenazas no se prolonga durante bastante tiempo con dos objetivos: evitar que la víctima pueda corroborar la veracidad de la información y por otro lado conseguir que realice un pago rápido. Para ello el estafador va dando instrucciones a la víctima para que transfiera el dinero o lo haga llegar a través de empresas de envío de dinero. Esta estafa suele tener su origen en Chile, particularmente desde cárceles del país, según han podido constatar los investigadores. Desde el 2015, cuando surgieron, agentes de la Policía Nacional los investigan conjuntamente con las fuerzas de seguridad chilenas. Según los datos que manejan, en el 2015 se produjeron más de 200 intentos de esta estafa en España, de los cuales un 6,7% tuvieron éxito.
El año 2016 crecieron alarmantemente ya que se denunciaron 969 y en el 2017 hubo más de 1.200 denuncias, aunque solo entre un 4% y un 5% fueron víctimas de la estafa.
En el 2017 apenas se produjeron estas llamadas, gracias a la operación llevada a cabo desde la Jefatura Superior de Policía de Aragón que investigó el asunto de la mano del magistrado del Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza, Rafael Lasala. A pesar del éxito de la operación policial, la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Rodríguez-Médel decidió decretar el sobreseimiento provisional de la causa en la que hubo varios aragoneses afectados.
