El presidente del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Aragón, Luis Rasal, ha responsabilizado a la administración por no tomar "cartas en el asunto" en la "estafa" de la clínicas de iDental, que calcula que han dejado cerca de 200.000 damnificados en todo el país tras su reciente cierre.
Idental tenía 27 clínicas en toda España, una de ellas en Aragón, en Plaza, ha explicado en rueda de prensa Rasal, quien ha definido este fraude como "el mayor escándalo del tema dental probablemente a nivel mundial".
En este sentido, ha recordado que desde el Colegio ya llevaban tiempo advirtiendo de que esto podría ocurrir en clínicas que no están gestionadas por profesionales sanitarios y que llevan a cabo publicidad engañosa.
Así pues, ha responsabilizado a la empresa por crear "el monstruo", a la administración por no tomar "cartas en el asunto", a los usuarios por no haberse informado un poco más y haber creído que les daban "duros a pesetas" y a algunos dentistas que trabajaban en estas clínicas por ser "conocedores" de los hechos y no haber denunciado.
Por todo ello, ha instado a regular la publicidad engañosa y a que, como ocurre en otros países europeos, en el caso de la asistencia bucodental esta se circunscriba únicamente a información sobre el emplazamiento y se prohíba que aparezcan famosos.
Del mismo modo, ha exigido que se cumpla la normativa sobre sociedades profesionales y que el capital de estas empresas esté controlado en su mayoría por odontólogos.
La Fiscalía intervino en marzo de este año, al ver indicios de fraude, pero ha afirmado que desde el Colegio de Odontólogos llevan ya dos años alertando sobre las prácticas de esta cadena.
En cuanto al "modus operandi", ha destacado que inflaban presupuestos, incluían tratamientos que no necesitaba el paciente y les urgían a firmar en menos de 48 horas para poder acogerse a una subvención "supuestamente pública", rebaja que si desistían les era eliminada. "Se les vendía la moto", ha lamentado.
Ante esta situación, el presidente del Colegio de Odontólogos ha recomendado a los afectos que conserven toda la documentación y que reclamen, por un lado, a la Consejería de Sanidad y, por otro, a la Dirección General de Consumo, además de reclamar a la entidad financiera si hubieran adquirido un crédito para pagar el tratamiento.
Además, ha apuntado que tienen la vía judicial, que cree que finalmente será la única a la que se pueda acceder.
Ha manifestado también que no han mantenido ninguna comunicación con la Administración, a excepción de con la directora general de Consumo.
Por último, Rasal ha señalado que el tratamiento que se ofrecía en estas clínicas "no era normal", ya que a un mismo paciente le atendían hasta 14 dentistas y la higiene era "un poco deficiente".
