El Gobierno de Zaragoza decidió estrenar ayer el inicio del curso político con una doble ofensiva contra la DGA. Uno, por sus deudas pendientes, que lleva un año intentando firmar un acuerdo para compensar las que mutuamente se adeudan por valor de 18 millones de euros y que asegura que a final de año la factura del Ejecutivo autonómico ascenderá a "unos 50 millones de euros". Y otra, por la financiación de las competencias que, según la nueva ley de bases, le son impropias al consistorio.

En el primer caso, el primer objetivo municipal ha sido la sociedad Expo Zaragoza Empresarial y la deuda de 8,3 millones de euros en impagos de tributos como el IBI, que lleva años sin desembolsar. En este caso, según anunció el vicealcalde de la ciudad, Fernando Gimeno, la iniciativa aprobada ayer por el Gobierno municipal consiste en compensar "de forma unilateral" esta deuda con la que el consistorio mantiene a su vez con la sociedad pública en la que la DGA tiene el 97,5% del accionariado. Así, quedarán abonados, si se acepta, los 7.234.180,75 euros que el ayuntamiento debe abonar por la encomienda de las obras del balcón de San Lázaro para, así, reclamar las facturas a Expo, como que es una obra ya liquidada, y así dirigirse al Ministerio de Medio Ambiente, que es quien finalmente la financiaba, para que los ingrese el consistorio.

A HACIENDA Hasta ahora la discusión estaba enconada sobre la obligación o no de asumir los intereses de demora que provocaba el retraso y que un juez ya determinó en una sentencia de abril del 2013. Ahora el consistorio ha decidido zanjar el debate y reclamar la compensación de las deudas tributarias por esta liquidación. Unos impagos que el ayuntamiento puede reclamar al Ministerio de Hacienda.

También en el capítulo de deudas pendientes está la del tranvía, que la DGA lleva dos años sin abonar. Son 30 millones en dos años los que debe abonar pero los catorce de este ejercicio siguen pendientes, y podría acabar en los tribunales porque, según Gimeno, es "preocupante" y "el problema es que las entidades financieras no están dispuestas a que no se les pague".

Por otra parte, el Gobierno también anunció que este curso escolar que ahora comienza, el ayuntamiento dejará de asumir el coste de las facturas de la luz, el agua, el gas y la limpieza de los colegios públicos. Las pagará pero se las remitirá a la DGA. Y, si no las paga, al Ministerio de Hacienda para que "se cumpla la ley". La que regula las haciendas locales y que dice que estos gastos esenciales le corresponden a la comunidad autónoma.