El Gobierno de Aragón ha anunciado que la Oferta Pública de Empleo para el año 2018 prevé la convocatoria de aproximadamente 1.700 plazas, condicionada a la aprobación definitiva de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2018.

Si se suman las plazas ofertadas en el anterior ejercicio, fruto del primer acuerdo suscrito entre el Gobierno de España y las organizaciones sindicales, el número total hasta la fecha alcanzaría una cifra cercana a 2.800 plazas, lo que supondría una reducción de la temporalidad en el sector de Administración General de la Comunidad Autónoma de Aragón de aproximadamente un 60 %.

Así lo ha anunciado hoy la directora general de Función Pública y Calidad de los Servicios en el transcurso de la Mesa Técnica que se ha constituido en Zaragoza como acordaron la Dirección General de Función Pública del Gobierno de Aragón y las organizaciones sindicales en la reunión que celebró la pasada semana la Mesa de Negociación de la Administración General de la Comunidad Autónoma, informan fuentes del Ejecutivo en una nota de prensa..

Esta Mesa Técnica tiene previsto abordar los términos en los que se va a desarrollar el II Acuerdo para la mejora del empleo Público y las condiciones de trabajo suscrito por el Gobierno de España y las Organizaciones Sindicales, CC.OO., U.G.T. y C.S.I.F., en el que se acordaron, entre otras, una serie de medidas con el objetivo reducir la tasa de temporalidad en la Administración de la Comunidad Autónoma en un 8 %.

Según dichas fuentes se trata de un proceso histórico en la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón que además de favorecer la estabilización del empleo temporal conllevará "una enorme oportunidad de empleo para el conjunto de la sociedad aragonesa".

Tras este proceso de negociación está prevista la aprobación de las correspondientes ofertas de empleo público, imprescindible, según dichas fuentes, para asegurar la profesionalidad de los empleados públicos y la calidad del funcionamiento de los servicios públicos y para garantizar el derecho constitucional de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas.

En el caso del proceso de estabilización, tal y como se acordó el pasado año, el sistema para la provisión de las plazas se deberá ajustar al sistema de concurso-oposición, por lo que la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios instó a las organizaciones sindicales a la necesidad de llegar a un acuerdo sobre las bases que han de regir los procesos y las convocatorias.