El Gobierno de Aragón prolongará al menos durante la próxima legislatura su oficina de representación en Bruselas. El Ejecutivo autonómico lo considera un ente «fundamental para poder defender nuestros intereses de cara a luchar contra la despoblación y mejorar e implementar nuestras conexiones transfronterizas, por carretera o ferrocarril, con Francia», según informó.

Al respecto, el director general de Relaciones Institucionales de la DGA, Julio Embid, y el director de la Oficina de Aragón en Bruselas, Carlos Gómez, asistieron ayer en Madrid a una reunión de trabajo acerca de las oficinas autonómicas en Bruselas con el secretario de Estado en funciones de Política Territorial, Ignacio Sánchez Amor.

Según recordó la DGA, el cambio de la situación laboral del personal autonómico expatriado en Bruselas producido por el Reglamento 883/2004, que entró en vigor en el 2010 y fue prorrogado hasta mayo del 2020, produciría una pérdida de derechos para los trabajadores españoles en Bélgica.

Sin embargo, el personal aragonés que permanece en Bruselas, en calidad de funcionarios temporales, no se vería afectado por esta normativa y Aragón seguiría teniendo su personal de apoyo en la Unión Europea en la citada oficina de representación.

Esta oficina no ha estado exenta de problemas en los últimos años, y de hecho se llegó a cerrar en el 2015, durante el último año de Gobierno PP-PAR en Aragón, cuando el Gobierno central intentó poner coto a la proliferación de esta diplomacia de nivel autonómico.

El actual Ejecutivo la reabrió, entendiendo que era vital contar con un apoyo funcionarial a la labor de los eurodiputados aragoneses y los puntuales viajes de los consejeros a la capital europea, aunque no les fue fácil conseguir que se ocupasen algunos de sus puestos de responsabilidad por la baja remuneración ofrecida.