Los interventores del Servicio Aragonés de Salud señalaron a los investigadores que las farmacias intervenidas vendían a la red mafiosa más del 50% de las medicinas compradas al almacén. Esto supondría la mitad de las que se dispensaban a los pacientes. Tal y como se señala en el sumario, que publicó ayer EL PERIÓDICO, el volumen de compras de algunos fármacos consistía en productos sin sustitutivo y muy demandados en otros países debido a su alto precio, ya que algunos países no los subvencionan. De todas las boticas bajo sospecha las de Cariñena, Peñarroya de Tastavins y Palomar de Arroyos son las que presentan mayor desproporción entre lo comprado a almacenes y lo facturado al erario aragonés. Por ello, el Gobierno de Aragón se personó como acusación.
