"Ya se dice que las cosas de palacio van despacio, pero mientras tanto la gente se muere de hambre". Santiago Giménez habla con resignación de los trámites administrativos que, por motivos que no comprende, le mantienen viviendo de okupa cuando tiene asignada una casa de la DGA en régimen de alquiler social. Los Servicios Sociales le reconocieron el derecho hace más de un año, y en febrero entró en lista de espera. Pero mientras, se había buscado la vida habitando en una casa vacía sin más dueño que el banco. Y el Juzgado de lo Penal número 1 de Zaragoza acaba de condenarlo por ello.

Al hombre y a su mujer, María Pilar Marín, no les ha salido demasiado caro el delito de usurpación, 90 euros cada uno. "Parece que no es mucho", reconoce Giménez. "Pero da igual, no puedo pagarlo", lamenta. Su abogado, Eduardo Val, recurrirá la condena. Porque el juez ha tenido en cuenta la situación de la familia para rebajar la pena --están en situación de extrema necesidad e hicieron arreglos en la vivienda--, pero no les ha absuelto.

La okupación ha sido el penúltimo episodio de unos años nefastos para el matrimonio, desde poco antes de que naciera su hija de cinco años. "Yo he sido soldador toda mi vida, y me quedé en paro. Me iba saliendo algo de recoger chatarra, pero ya ni eso", explica Giménez, mientras su mujer asiente. Ahora es ella la que mantiene a la familia con un subsidio de 369 euros. A costa de tener que retomar los estudios de la ESO y de "marearme a base de papeles", explica.

Con la ruina llegaron los impagos del alquiler de su anterior piso, y les acabaron desahuciando. Un vecino caritativo, a espaldas de su hijo, incluso llegó a cederles un espacio en una nave industrial para que vivieran. Dejaron a su hija con sus cuñados, y allí se fueron.

Pero la crisis alcanzó también a su cuñado, que no pudo seguir haciéndose cargo de su hija. Y la nave industrial no era sitio para una menor. Su propio cuñado le avisó de que en su bloque, cercano a la plaza Mozart, había una vivienda vacía, por una ejecución hipotecaria. Era noviembre del año pasado, y ya hacía dos meses que la DGA había reconocido su estado de necesidad, pero de piso, nada de nada. Así que se decidió.

"Nos metimos aquí, que estaba hecho un asco, y la arreglamos. La limpiamos, la pintamos, barnizamos, arreglé el baño, la caldera, puse estanterías...", recuerda Giménez, con cierto orgullo por el arreglo, mientras enseña la casa.

"A la semana vino el del banco a decir que nos fuéramos. Yo le dije que sabía que estaba mal hecho, pero que más valía eso que estar en la calle con una niña", explica.

Desde la visita vivían con miedo de que les volviesen a echar. Y ahora más, con la sentencia en el bolsillo. Van empaquetando, pero aún sin destino. "Hemos ido a la DGA, pero nos dicen que no hay casas", explica María Pilar. Pero de vez en cuando, en las noticias, ven que las conceden. "Y se me revuelven las tripas", admite Giménez.

Con el IAI a punto de expirar, con una condena y sin que nadie les de noticias de qué va a pasar con su soñado piso de alquiler social, el matrimonio se pregunta qué hace falta para encontrarlo. "Si lo tenemos desde febrero, ¿tienen que esperar a que nos denuncien?", lamentan.