El despacho de abogados Arraiga Asociados, conocido por capitanear el frente judicial de los clientes bancarios contra productos abusivos como las hipotecas con cláusulas suelo, va a tener que probar de su propia medicina. El bufete se enfrente a una oleada de demandas individuales presentadas por, al menos, más de medio centenar de extrabajadores de Oion Business Support, la empresa zaragozana que le prestaba laborales documentales y administrativas, que ahora está en concurso de acreedores. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social considera que es «responsable solidario» de esta 'filial' de servicios en dos actas de infracción levantadas por aplicar a la plantilla el convenio sectorial de gestorías en lugar del de oficinas y despachos, que recoge mejores remuneraciones.
El primero de estos juicios debía celebrarse este lunes en el Juzgado de lo Social número cinco de Zaragoza por la demanda de un antiguo empleado de la citada empresa, que reclama en torno a 5.000 euros por la diferencia salarial bruta no percibida por un incorrecto encuadre de su categoría profesional. Solo puede exigir la merma retributiva del 2019, el año anterior a la presentación de la demanda, según lo que marca la ley de jurisdicción social.
Aunque no hubo conciliación entre las partes, la vista fue suspendida finalmente por «indisposición de su señoría», lo que hará que se posponga a finales del año o principio del 2022. Por la parte demandada se personaron tres abogados en representación de Oion, Arriaga y la administración concursal de la primera firma, que está en manos de Brexia Legal. Antes de esta cita había previstos otros juicios por el mismo asunto, pero también fueron suspendidos debido a la borrasca Filomena.
En el caso que debía juzgarse este lunes, el afectado fue contratado como documentalista, lo que equivalía a un auxiliar administrativo en el convenio de gestorías, pero realizaba funciones de una categoría más elevada y contaba además con la titulación de abogado. «Mi cliente se encargaba de la redacción de las demandas y los cálculos de intereses de las mimas por hipotecas con cláusulas suelos, gastos hipotecarios o tarjetas 'revolving'», explicó Jesús Chueca Aznar, el graduado social y abogado laboralista que representa al demandante.
Actas de Inspección de Trabajo
El letrado de la acusación recordó que la propia Inspección de Trabajo ha reconocido en dos actas la «responsabilidad solidaria» de Arriaga Asociados, aunque fuera «Oion la que incumpliera». El mediático bufete, apuntó, «estaba detrás de toda la actividad de la empresa, a la que externalizaba sus servicios, y era la que manejaba el negocio y a la que tenían rendir cuentas los trabajadores». La autoridad laboral reclama el abono de los 410.000 euros por la diferencia de cuotas a la Seguridad Social por la incorrecta aplicación del convenio colectivo, incluido un recargo del 20% por el retraso, pero Arriaga ha recurrido el expediente y el asunto deberá dilucidarse en los tribunales.
El sindicato CSIF, presente en el comité de Oion, tiene constancia de que se han presentado 62 demandas judiciales por esta cuestión, aunque fuentes jurídicas elevaron la cifra a 134. Arriaga, por su parte, eludió hacer cualquier valoración al respecto a preguntas de este diario y mantiene así el mutismo sobre todo lo que rodea a Oion, que siempre ha considerado que es una empresa ajena a su responsabilidad.
Las diferencias salariales exigidas por cada trabajador rondan entre los 2.000 y los 5.000 euros. La remuneración de partida con el convenio de gestorías era de 13.000 euros brutos al año frente a los 15.000 que recoge el de oficinas y despachos, que es que la autoridad laboral considera que debe aplicarse.
En paralelo a esta disputa judicial, Oion está en concurso de acreedores desde noviembre tras haber dejado de hacer el trabajo que le encargaba Arriaga y no va a hacer frente a los costes económicos del despido colectivo de sus 131 últimos trabajadores al haberse declarado insolvente. La negociación del ere finaliza mañana.
Una 'perfomance' contra los despidos
Ante esta situación, varias decenas de personas se concentraron este lunes por la tarde a las puertas de la oficina que Arriaga Asociados tenía en la avenida Cesáreo Alierta de Zaragoza, que sigue luciendo los rótulos del despacho de abogados, para expresar el enfado e indignación de la plantilla de Oion por la ausencia de responsabilidad social por parte de este bufete, al que exigen que se haga cargo de los despidos. La protesta, convocado por CCOO y CSIF, incluyó una 'performance' que simbolizó el abandono en que se encuentra la plantilla.
«Sabemos que hay trabajo porque Arriaga tiene abiertas la mayoría de las oficinas y sigue contratando clientes», apuntó Maribel Estudillo, representante de CSIF en el comité de Oion, «Se han preparado para provocar el cierre y hemos detectado una posible descapitalización bajo la apariencia de una mala gestión», denunció. Desde este sindicato creen incluso que hay indicios de que el concursos de acreedores «puede ser culpable».
«No nos cabe la menor duda de que la responsabilidad directa recae en Arriaga, que son los hostigadores de la situación que estamos atravesando», afirmó. En este sentido, incidió en que la contradicción que supone que Arriaga Asociados «se erija en defensor de los consumidores, cuando le reporta los beneficios que todos sabemos, pero por otro lado se sirva de unos trabajadores a bajo coste, que, cuando le ha parecido, nos ha echado a la calle y sin pagar las indemnizaciones».
La protesta se llevó a cabo las garantías sanitarias, según recalcaron los convocantes. «Se trata de escenificar en qué ha dejado a los trabajadores la familia Arriaga. Se aprovecharon del tirón de las demandas bancarias para tener una gran facturación y luego han dejado tirada a la plantilla, sin asumir las indemnizaciones por despido ni ninguna responsabilidad», lamentó Marta Laiglesia, secretaria de la federación de Servicios de CCOO Aragón.
Desde Comisiones reprocharon asimismo que Arriaga «no ha defendido los puestos de trabajo» tras pagar «por debajo de la categoría profesional que correspondía». «Vendía un producto y un servicio de una calidad superior a la que remuneraba a sus trabajadores», criticó Laiglesia.
