El consejero aragonés de Sanidad y Bienestar Social, Ricardo Oliván, ha asegurado hoy que la prestación económica directa al entorno familiar de las personas dependientes va a seguir siendo excepcional, y que se va a seguir apostando por la prestación económica vinculada a los servicios o por conceder plazas en residencias y centros de día.

Oliván ha comparecido hoy ante el Pleno de las Cortes autonómicas, a petición de IU, para informar de las causas por las que Aragón es la comunidad autónoma "con mayor deterioro" en el último año en la atención a la dependencia.

El consejero ha insistido en que, en cumplimiento de la ley, es necesario priorizar la prestación de servicios y que la concesión de ayudas económicas al entorno familiar sea algo "excepcional".

La propia ley, promulgada hace ocho años, pretendía también generar empleo y actividad económica, y en Aragón, pero también en España, se están incumpliendo estas expectativas porque se ha optado, principalmente, por la prestación directa.

Sin embargo, Oliván ha proporcionado algunos datos que, según él, demuestran que el PP intenta cambiar esta tendencia y, así, en 2013 el número de altas para prestaciones vinculadas a los servicios fue de 780, de 84 las ayudas para el entorno familias, 589 las plazas en residencia y 224 para centros de día.

En este año, las altas de prestaciones para servicios son ya 376, 109 las plazas en residencias y 42 en centros de día, mientras que las que tienen ayuda familiar son "casi nulas".

No comparten esta visión los diputados de la oposición y, así, la portavoz de IU, Patricia Luquin, le ha afeado a Oliván que no hable de derechos, sino solo de dinero, y que eso suponga "dejar en la estacada" a mucha gente que tiene derecho a una prestación que no recibe, más de 8.000 según sus datos.

A eso se une el incremento de las quejas por el excesivo tiempo que se invierte en la tramitación de los expedientes, 50 ó 60 días más que la media de España.

Luquin también se ha referido al informe del Tribunal de Cuentas que dice que el retraso en las resoluciones se debe a que Aragón no tiene dinero para atender los reconocimientos y ha dicho que con la gestión del PP, la Comunidad aragonesa se ha situado como una de las peores en la gestión de la dependencia, cuando en este asunto "se había trabajado mucho".

La socialista María Victoria Broto ha lamentado que Aragón sea ahora "la primera en el desmantelamiento" del sistema de la dependencia, una comunidad en la que cada día dejan de recibir su prestación doce personas, y en la que hay 6.435 beneficiarios menos desde que el PP gobierna, aunque según el consejero, unos 3.500 fueron eliminados de las listas que dejó el PSOE porque habían fallecido.

Broto ha dicho que las prestaciones vinculadas al servicio han bajado un 29,2 por ciento (han subido un 38,6 por ciento en España) y las ayudas al entorno familiar han disminuido un 3,8 por ciento (han crecido un 10,4 por ciento en España).

El presupuesto que recibe la Comunidad del Estado ha bajado, además, un 40 por ciento, al pasar de 41 millones en 2012 a 21 en 2013, y Aragón, ha agregado Broto, es la cuarta autonomía con dependientes reconocidos y no atendidos, de 8.325, aunque Oliván ha precisado que más de la mitad de ellos, unos 4.500, son dependientes de grado uno, cuya obligación de prestación entra en vigor en 2015.

Por su parte, la diputada popular Carmen Susín ha preguntado a los portavoces de la oposición por las partidas de las que habría que detraer dinero para atender otras, en un momento de crisis económica y escasez de recursos.

La diputada de CHA Carmen Martínez ha lamentado la "obsesión" del PP por el déficit y que éste lo haya puesto por delante de los derechos de los ciudadanos, para acabar incumpliéndolo.

Finalmente, Manuel Blasco (PAR) ha reconocido que la ley nació "con deficiencias" de las que ha sido "difícil" ponerse al día y ha insistido en que el gobierno intentar "ajustar paulatinamente los recursos" para cubrir todas las necesidades.